108,000

Sin la menor explicación o justificación alguna del por qué de ese número, Andrés Manuel López Obrador determinó que la cantidad de 108 mil pesos será el sueldo que, como presidente de los Estados Unidos Mexicanos, percibirá a partir del 1 de diciembre próximo, fecha en que asumirá la conducción de este país, por ahora, durante los siguientes seis años. La cifra que, para muchos parecería ser inocua, dista mucho de serlo. Martí Batres, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, ordenó la publicación del decreto de Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, una vez transcurrido el plazo constitucional dado al presidente de la República para hacerlo, situación que evidentemente no se dio. Más allá de la ridícula cancelación de la pensión a los expresidentes de la República, lo que constituye una minucia comparada con los costos que representa el batallón de elementos de las fuerzas armadas destinados a la seguridad de éstos y de sus familiares, la oficina especializada para la atención de asuntos de cada expresidente, ubicada dentro de la propia Presidencia de la República en donde cada uno dispone de un importante número de colaboradores a su entera disposición y de muchas otras prebendas propias de la alta investidura que desempeñaron, la ley que recién entró en vigor afectará de grave manera las percepciones de todos los servidores públicos de los tres poderes de la Unión, comprendiendo al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial a partir del 1 de enero entrante, topando el salario integrado de cualquiera de los funcionarios públicos a la consabida cantidad de $108,000, sin importar el rango, jerarquía, antigüedad, capacidad, especialidad o condiciones especiales de los servicios prestados. Por salario integrado debe entenderse no sólo el sueldo nominal, sino sobresueldos, bonos, prestaciones, dádivas y cuantos elementos en moneda o en especie contribuyan a la integración del salario del trabajador del Estado. Hoy en día, miles de trabajadores de los tres poderes cobran, en promedio, de tres a cinco veces más del nuevo límite salarial. Ministros de la Corte, magistrados del Tribunal Federal Electoral, consejeros del INE, comisionado nacional de Derechos Humanos, director de CFE, de Pemex, senadores de la República, secretarios de Estado y subsecretarios de Estado, entre decenas más, perciben no menos de $300,000 mensuales y en muchos casos rebasan los $500,000 más prestaciones.

Los $108,000 que AMLO se autoasignó como salario, ni bien administrados serán suficientes para pagar aviones, hoteles y comidas en clase “fifí” de las parejas y/o de los retoños en viajes de placer por Europa, Asia, África u Oriente, ni seguros de gastos médicos mayores, ni las estratosféricas colegiaturas de las escuelas o universidades privadas del país, ni la compra semanal en City Market o Chedraui Select, menos aun las comidas en Au Pied de Cochon o
Suntory, ni el Audi, el BM o el Meche, o las potentes camionetas Suburban blindadas de millones de pesos de costo, ni la ropa de marca o los relojes de lujo. O la conversión al régimen de austeridad franciscana se da por convicción transformadora, o los mecanismos de corrupción se sofisticarán para compensar la grave pérdida salarial a la que los servidores públicos quedarán sujetos. El tiempo se encargará de evidenciar lo que cada uno de los servidores públicos haya elegido. Recordemos que ni lo rico ni lo pen… se pueden ocultar.

Hoy el nombre de Jose María Riobóo se pronuncia y escribe más que el de todo el gabinete de AMLO. No sólo es el constructor predilecto del régimen (un símil de Juan Armando Hinojosa, el dueño de HIGA, famoso, entre otras cosas por la Casa Blanca de EPN), sino también por ser esposo de quien figura en la terna para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia, junto con la hija de Olga Sánchez Cordero y principal opositor de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. En injustificado y sospechoso papel de vocero del gobierno entrante, declaró que en tres meses estará el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía, y que a MITRE, el principal y más importante órgano a nivel mundial en temas de viabilidad aeroportuaria, no le harían caso alguno a sus recomendaciones. ¡Cuack! La semana pasada, dos aviones en Canadá chocaron en pleno vuelo. No se repelieron como afirmó Rioboó. Tampoco lo harán en el nuevo espacio aéreo de Santa Lucía.