Les salió respondón el góber

En unas horas más habrá arribado a esta ciudad capital la denominada Caravana de la Dignidad, encabezada por el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, la cual, habiendo dado inicio el pasado 20 de enero, concluirá el día de hoy, con una esperada participación multitudinaria de la sociedad civil, en respaldo a las demandas de justicia, entrega de recursos omitidos al Estado de Chihuahua, formalización de la solicitud de extradición del exgobernador César Duarte por todos los delitos que actualmente se le imputan en 11 carpetas de investigación y el cese inmediato de las acciones intimidatorias del gobierno federal, entre ellas las relacionadas con los supuestos actos de tortura en contra del ex secretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, acusado del desvío millonario de recursos del Estado en favor del Partido Revolucionario Institucional.

Ni duda cabe que esta marcha acoge diversos objetivos: por una parte, es un perfecto escaparte mediático de apoyo a la campaña presidencial del joven políglota Anaya, aliado natural de este movimiento; por otro, pretende igualmente influir en el ánimo del electorado del país, exhibiendo al gobierno federal, encabezado por el cada vez más alicaído presidente Peña Nieto, irritado (y confrontado) una vez más con las redes sociales que, a su decir, niegan todo logro de su mandato, como uno que, de forma discrecional, abre o cierra la llave de los recursos públicos a los gobiernos estatales en la medida o grado de sumisión del gobernador de que se trate, y el de Chihuahua, les salió respondón, pagando, hasta ahora, las consecuencias de tal osadía. Pero también no debe descartarse que este movimiento, sin paralelo, encuentra en sus orígenes motivos legítimos de protesta social en contra de la sistemática ordeña de las arcas públicas de los gobiernos de los Estados, y de la rampante impunidad que se otorga a los mandatarios estatales y a sus colaboradores, en particular cuando quienes los suceden en el cargo pertenecen al mismo partido político. Para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo.

Estamos hartos, hasta la saciedad, de ver con nuestros propios ojos o enterarnos por docenas de fuentes acreditadas e investigaciones independientes, acerca de las incalculables fortunas que amasan quienes ejercen cargos públicos, sin importar el puesto que desempeñen, sin que, en la inmensa mayoría de los casos, exista consecuencia legal alguna. El exdirector de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, Néstor Moreno, acusado de enriquecimiento ilícito por más de 36 millones de pesos (¡solo eso se comprobó!), fue “sentenciado” la semana pasada a pagar una multa por la cantidad de 31 mil pesos. El diputado federal priísta Tarek Abdala, con apenas 36 años de edad, ex tesorero del gobernador veracruzano Javier Duarte, acusado del desvío de más de 23 mil millones de pesos, y a quien no se logra someter a juicio de procedencia por el cobijo de la bancada priísta en la Cámara de Diputados, será objeto de un embargo por 500 millones de pesos de sus propios bienes por parte del SAT, para garantizar el pago de 7 créditos fiscales. ¿Podría dicho servidor público explicar el origen de una fortuna de tal cuantía cuando su trayectoria laboral se reduce a haber servido a Javier Duarte en el gobierno del Estado de Veracruz y hoy a ser diputado federal?

Al sainete de Corral contra el gobierno federal le quedan aún varios capítulos por narrar. Estemos atentos al desenlace. Puede ser el inicio de un verdadero cambio en este país