Que no quede huella...

Que no, que no, que no quede huellaaaaaa. Así, al compás de la popular canción interpretada por el grupo Bronco, Andrés Manuel López Obrador, a 14 días de haber iniciado gobierno, se ha dedicado a erradicar, destruir o aniquilar todo vestigio de las instituciones neoliberales creadas en administraciones anteriores, en lugar de aprovechar, reconstruir y fortalecer aquéllas que, a lo largo de su vida operativa, han demostrado ser eficaces, necesarias e indispensables contrapesos a los designios presidenciales. La mañana del pasado miércoles, y ante la presencia de decenas de medios de comunicación y de diputados y senadores de Morena que, indebidamente utilizaron la plancha del Zócalo como estacionamiento, AMLO firmó el decreto que abroga la reforma educativa, uno de los contados logros de Enrique Peña Nieto, la que tuvo por objeto asegurar que, producto de las periódicas evaluaciones educativas, sólo aquellos maestros que acreditaran tener los conocimientos y habilidades requeridas pudieren ejercer la delicada tarea de impartir educación a nuestros hijos. De paso, el presidente anunció la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, un órgano autónomo, de esos que López Obrador no tolera ni respeta, encargado precisamente de evaluar de forma independiente la función educativa impartida por el propio Estado. Hace unos días, el rijoso senador Ricardo Monreal decía que no se valía ser juez y parte, aludiendo al terrible conflicto que han azuzado los legisladores de Morena en contra de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, el nuevo instituto de “revalorización magisterial” que sustituirá al INEE será controlado, en su totalidad, por Esteban Moctezuma, titular de la SEP. Aquí no cabrá ya la crítica independiente, siendo el propio Ejecutivo Federal juez y parte de sus propias evaluaciones, con la complacencia y el silencio del Poder Legislativo. Semejante destino al del INEE se avizora para el INAI, otro organismo independiente, al que ya le han anticipado la suerte que seguirá. Otros se sumarán a esa fatídica lista en breve.

Sin duda el tema de la ríspida confrontación del Ejecutivo Federal y del Poder Legislativo con el Poder Judicial Federal, y en particular con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha captado la atención de propios y extraños, pues, de forma quirúrgica, los primeros han manipulado a la opinión pública para generar un clima de animadversión hacia el único poder aún autónomo e independiente, sobre la premisa de los injustos y antidemocráticos salarios que reciben ministros, magistrados y jueces, cuando el objetivo medular de esta violenta intromisión al Poder Judicial lo es, en realidad, la neutralización de su autonomía e independencia del Poder Ejecutivo. Ejercer el control del único poderque no se ha subyugado al presidencialismo absoluto de López Obrador justifica la andanada mediática y política desplegada por el propio presidente, secundado por Monreal, Delgado, Batres, Salgado Macedonio y hasta Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia. El terreno ha quedado ya planchado para que, en futura consulta popular, sea el pueblo sabio el que decida acerca de la futura integración de la Suprema Corte de Justicia. Si los ministros, magistrados y jueces no se alinean por voluntad propia a la austeridad republicana, reemplazarlos será tan sencillo como Ernesto Zedillo lo hizo al tomar posesión de su mediocre mandato, reduciendo de un
plumazo de 26 a 11 ministros que actualmente conforman dicha Suprema Corte.

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Y ya que de pérdidas autonómicas estamos hablando, la propuesta de reforma al artículo tercero constitucional enviada al Congreso la noche del miércoles anterior, supone, por igual, el menoscabo de la autonomía universitaria. Está por verse si los miles de estudiantes a quien AMLO juró no reprimir, están de acuerdo con esta visión controladora y asfixiante que el nuevo régimen les quiere imponer.

Finalmente, y ante la negativa de los tenedores de bonos de deuda del NAIM de aceptar la oferta inicial de recompra del gobierno mexicano, no sólo la SHCP incrementó los montos ofertados, sino que, para compensar la multimillonaria pérdida que ello representará, se aprobó un incremento de alrededor de $200 a la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), la que impactará tu bolsillo cada vez que realices un vuelo internacional. Ni con el incremento anunciado los propietarios de los bonos reaccionaron favorablemente, pues las garantías colaterales para el pago de dichas sumas no les resultan satisfactorias. Insisto, el gobierno es rehén de sus propias torpezas y caprichos, y cada día que pase, el Fobaproa aeroportuario será de mayores y más dolorosas consecuencias económicas para los contribuyentes nacionales.