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Ayotzinapa: Gertz Manero aseguró que "se acabó la verdad histórica"

Una de las protestas por el caso Ayotzinapa
Una de las protestas por el caso Ayotzinapa | RÉCORD
La FGR reveló que se solicitaron 46 órdenes de aprehensión contra funcionarios por la desaparición de 43 normalistas
2020-06-30 | EFE
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La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la detención de 46 funcionarios del estado de Guerrero por su presunta relación con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en una nueva "etapa" de la investigación que pretende tumbar la versión oficial del Gobierno pasado.

"El día de ayer la FGR solicitó ante un juez de distrito de Procesos Penales Federales 46 ordenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios del Estado de Guerrero", dijo en un breve mensaje a medios el fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

“A todos ellos se les acusa por los delitos de desaparición forzada y por delincuencia organizada… se acabó la verdad histórica. Estos delitos no habían sido ni investigados, ni judicializados, en las diligencias que en su momento realizó la Procuraduría General de la República (PGR, hoy extinta)"”, agregó el fiscal.

Algunos de los normalistas desaparecidos

Indicó que estas órdenes de detención se unen a las ya obtenidas el pasado 10 de marzo, en contra de funcionarios de la Procuraduría General de la República.

Entre ellos, explicó Gertz Manero, Tomás Zerón, el polémico extitular de la Agencia de Investigación Criminal, quien huyó del país y cuenta con una ficha roja de la Interpol para su búsqueda internacional y posterior extradición a México.

Adicionalmente, Gertz Manero recordó que este lunes se logró el arresto de José Ángel "N", alias El Mochomo, del cártel Guerreros Unidos y un participante de "gran notoriedad" en este caso.

La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 jóvenes fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes de Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura, según la versión oficial del Gobierno del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, conocida como la "verdad histórica".

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Investigadores independientes descartaron la posibilidad de que fueran incinerados los cuerpos y el actual Gobierno mexicano, que preside Andrés Manuel López Obrador, reabrió las investigaciones.