A partir de esta semana, entró en vigor una reforma a la Ley de Vivienda de la Ciudad de México que prohíbe a propietarios y agentes inmobiliarios negar la renta o venta de casas y departamentos por tener niños o animales de compañía.
La medida fue aprobada por el Congreso capitalino y publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, donde se establece que toda persona tiene derecho a una vivienda digna y sin discriminación. Con esto, se busca eliminar prácticas frecuentes en el mercado inmobiliario, como los anuncios que dicen “sin niños” o “no se aceptan mascotas”.

La reforma busca frenar la discriminación habitacional
El nuevo artículo de la ley especifica que no se podrá condicionar el acceso a una vivienda por motivos familiares o por tener mascotas, garantizando la igualdad en los procesos de renta y compra.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) será la encargada de supervisar el cumplimiento de la norma y de recibir denuncias en caso de que un propietario, arrendador o agente inmobiliario incurra en prácticas discriminatorias.
De acuerdo con las autoridades, esta modificación legal busca fomentar la inclusión y la convivencia armónica en todos los tipos de hogares, reconociendo la diversidad de las familias actuales y la importancia del bienestar animal.

Qué hacer si te niegan una vivienda por tener hijos o mascotas
Las personas que sean rechazadas por esta razón pueden acudir al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) o a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la CDMX, donde se atenderán las denuncias y se aplicarán las sanciones correspondientes.
Estas instituciones cuentan con mecanismos para intervenir en conflictos de arrendamiento y para garantizar el cumplimiento de la ley, que ya está vigente en toda la capital.

Un paso hacia una ciudad más incluyente
Con esta reforma, la Ciudad de México se convierte en una de las primeras entidades del país en reconocer legalmente el derecho de las familias y dueños de mascotas a acceder a una vivienda sin restricciones arbitrarias.
El objetivo, según las autoridades, es claro: promover la igualdad, evitar la exclusión y garantizar que todos los hogares puedan disfrutar del derecho a una vivienda digna y justa.





