Tras detectar que 15.2% de los feminicidios y transfeminicidios en la CDMX ocurren en hoteles o moteles, el Gobierno capitalino alzó la voz con una propuesta que busca ponerle lupa —y videocámara— a los llamados “establecimientos de hospedaje”.
La consejera Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR), Eréndira Cruzvillegas, explicó que se trata de una reforma integral a la Ley de Establecimientos Mercantiles, enfocada en prevenir delitos como trata de personas, feminicidios y abuso infantil.
“El objetivo puntual es reforzar esta seguridad, de los hoteles y moteles, mediante registros confiables; que esto es una parte fundamental en el registro. Y modelos de videovigilancia, que estén conectados efectivamente, con instancias como el C5 y con una vinculación directa, a través de un ejercicio que se ha hecho ya, de un botón de emergencias que se establece en ese sentido”, expuso.
LO QUE PLANTEA LA CDMX:
Las reformas tocarán los artículos 23, 31 y 68 de la ley, y agregan un nuevo apartado al 66. Entre los cambios más importantes están:
- Identificación obligatoria para todos los huéspedes (nada de presentar la del gimnasio).
- Registro de nombre, domicilio, hora de entrada y placas del vehículo.
- Declaración del parentesco o relación entre adultos y menores.
- Cámaras de videovigilancia conectadas al C5.
- Botón de pánico para emergencias.
- Protocolos de actuación y capacitación obligatoria para el personal, con enfoque de género, edad y derechos humanos.
“Se han quejado los hoteleros que dan una credencial del súper, una credencial de un club, pero esto no es una credencial oficial”, dijo Cruzvillegas.
LAS MULTAS VAN CON TODO
El que no cumpla, pagará. Y caro. Las multas irán de mil a 5 mil UMA’s, pero si hay reincidencia, trata o feminicidios, el castigo será más severo:
- Clausura temporal o definitiva.
- Clausura permanente si hay denuncias por transfeminicidio, feminicidio o trata infantil.
- Extinción de dominio en los casos más graves.
- Sanciones de 3 mil a 10 mil UMA’s por no tener registros adecuados o reportes obligatorios.
El gobierno capitalino lleva ocho meses afinando estos cambios con autoridades, cámaras empresariales y el sector turístico. La propuesta entrará al Congreso local y se votará próximamente.
