Comercializar o distribuir agua sin autorización ahora puede ser considerado un delito grave. Las autoridades aprobaron reformas al Código Penal para sancionar con hasta seis años de prisión y multas económicas a quienes sean sorprendidos extrayendo o vendiendo el líquido sin permisos legales.
De acuerdo con la iniciativa, estas sanciones aplican a personas o empresas que transporten, distribuyan, comercialicen o aprovechen agua sin contar con una concesión, licencia o autorización emitida por las autoridades competentes.
“Se impondrán sanciones a quien extraiga, comercialice, distribuya o aproveche agua sin contar con la autorización correspondiente”, establece el nuevo artículo incorporado al Código Penal.
Penas de cárcel y multas económicas
El texto aprobado precisa que las sanciones van de dos a seis años de prisión, además de multas de 50 a 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre $5,415 y $108,300 pesos aproximadamente, según el valor vigente de la UMA.
Las penas podrán aumentar si el delito se comete durante periodos de emergencia por escasez, o si las acciones afectan a comunidades que dependen del abasto público.
Una medida contra la venta ilegal
El objetivo de la reforma es combatir la extracción y comercialización ilegal de agua, práctica que ha crecido en distintas regiones del país a raíz del desabasto y los bajos niveles de almacenamiento en presas.
Autoridades estatales explicaron que esta modificación busca proteger el derecho humano al agua —reconocido en la Constitución— y garantizar que el recurso sea distribuido de forma justa y legal.
“El agua es un bien público y su uso indebido afecta a toda la población. Estas medidas son necesarias para evitar su explotación irregular”, señalaron representantes del Congreso estatal.
Supervisión y denuncias ciudadanas
Las autoridades también exhortaron a la ciudadanía a denunciar el robo, extracción o venta ilegal de agua, ya que este tipo de prácticas generan pérdidas millonarias y afectan la infraestructura hidráulica.
Los organismos operadores trabajarán en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para detectar tomas clandestinas, pipas sin registro y puntos de venta irregulares.
Asimismo, se implementarán operativos de vigilancia en zonas donde se ha detectado la extracción ilegal del recurso, con el fin de frenar el mercado negro del agua.
Contexto y aplicación
La nueva disposición entró en vigor tras su publicación en la Gaceta del Gobierno del Estado de México. Con esto, el delito de distribución no autorizada de agua pasa a ser sancionado penalmente, no solo administrativamente.
Esta medida surge en un contexto de crisis hídrica nacional, donde los gobiernos locales han tenido que racionar el suministro por la falta de lluvias y la sobreexplotación de pozos.
Con las reformas, se busca enviar un mensaje contundente: el manejo del agua sin permiso es un delito y tendrá consecuencias penales.
