La Fiscalía General de la República (FGR) busca impedir que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, obtenga la libertad anticipada en la audiencia programada para este 19 de noviembre de 2025, donde una jueza federal definirá si puede abandonar el Reclusorio Norte tras casi nueve años de reclusión.
Duarte, condenado en 2018 a nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya cumplió alrededor del 95 % de su sentencia, por lo que su defensa sostiene que cumple con los requisitos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal para acceder al beneficio.
Sin embargo, la FGR considera que el exgobernador no mantiene una conducta ejemplar, requisito indispensable para conceder la salida anticipada, y afirma tener pruebas para demostrarlo ante la jueza Ángela Griselda Zamorano Herrera.
¿Cuáles son las pruebas de la FGR contra Duarte?
La Fiscalía informó que presentará testigos clave y documentos internos del Reclusorio Norte en los que, asegura, constan diversas sanciones impuestas a Duarte entre 2019 y 2021.
Entre ellas se incluyen:
La posesión de cuatro latas de alcohol, consideradas objeto prohibido.
La tenencia de un módem modificado, presuntamente utilizado para conectividad no autorizada.
Artículos electrónicos no permitidos dentro del penal.
De acuerdo con la FGR, estos hallazgos configuran “faltas graves” y podrían invalidar la certificación de buena conducta que Duarte presentó como parte de su solicitud de libertad anticipada.
La defensa, encabezada por el abogado Pablo Campuzano, rechaza estos señalamientos y asegura que no afectan la valoración integral del caso. Además, sostiene que la FGR ha retrasado deliberadamente el proceso al no presentar a tiempo a sus testigos, lo que provocó el aplazamiento de la audiencia previa.
¿Qué se decidirá este 19 de noviembre?
La jueza Zamorano Herrera definirá si Duarte puede salir del penal bajo el beneficio de preliberación. La resolución dependerá tanto de la conducta documentada durante su reclusión como del análisis jurídico de su sentencia.
La postura de la FGR indica que el Ministerio Público buscará evitar cualquier resolución a favor del exgobernador y insistirá en que la conducta penitenciaria debe evaluarse con rigor. Por su parte, la defensa argumenta que Duarte ha cumplido con actividades de reinserción social, talleres y buena conducta reciente, lo cual —dicen— lo vuelve elegible para el beneficio.
Un caso que sigue generando tensión pública
La posible salida de Duarte ha generado fuerte reacción en redes sociales y en sectores políticos, pues su caso se convirtió en uno de los episodios más emblemáticos de corrupción gubernamental de la última década. Para muchos, su liberación enviaría un mensaje negativo; para otros, es simplemente la aplicación de la ley vigente.
Aunque Duarte ya agotó casi la totalidad de su sentencia, la discusión pública gira alrededor de si cometió violaciones dentro del penal y si estas deberían impedir que abandone la prisión antes de tiempo.
Un fallo que marcará un precedente
La resolución del 19 de noviembre será clave no sólo para el exgobernador, sino también para otros sentenciados por corrupción que buscan beneficios similares. Organizaciones civiles han pedido máxima transparencia en la audiencia debido al alto perfil del caso y a las repercusiones que podría tener en la percepción ciudadana sobre la justicia.
Mientras tanto, Duarte permanece en el Reclusorio Norte, a la espera del fallo que definirá si continúa preso o puede recuperar su libertad después de casi nueve años de encierro.
