La presidenta municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca, Lilia Gema García Soto, fue asesinada la mañana del 15 de junio dentro del edificio del ayuntamiento, durante un ataque armado. También murieron al menos otras dos personas más, incluidos un agente municipal y un policía local.
El homicidio ocurrió alrededor de las 11:00 h, cuando varios sujetos encapuchados en motocicletas ingresaron al palacio municipal y dispararon contra la edil, el agente municipal de Agua Caliente, Eli Gregorio García Ruiz, y un policía local. Todos murieron en el lugar por los impactos de bala. Hasta el momento no hay persona detenida por el crimen.
Inmediatamente se activó un operativo de seguridad en la región en el que participa la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La FGEO inició una carpeta de investigación por homicidio. La Vicefiscalía Regional de la Costa se encargará de las diligencias ministeriales y periciales para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.
El gobernador oaxaqueño Salomón Jara Cruz condenó el ataque en su cuenta de X: “Condenamos enérgicamente el asesinato de la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Lillia Gema García Soto. No puede haber impunidad ante este acontecimiento. Vamos a colaborar con la FGEO para esclarecer los hechos y hacer justicia. Mis condolencias a sus familiares”.
San Mateo Piñas, con menos de 2 100 habitantes, no había registrado homicidios dolosos en 2025 antes de este crimen. Sin embargo, Oaxaca acumula 301 homicidios dolosos de enero a abril, posicionándose cuarto en violencia hacia autoridades e incluso aspirantes políticos.
El asesinato de Lilia Gema García Soto (la primera presidenta municipal del sistema normativo interno en su comunidad) conmociona a la Sierra Sur de Oaxaca y reaviva la demanda social de seguridad. Las autoridades prometen justicia, pero la balacera en el corazón del gobierno local evidencia una amenaza latente contra representantes populares en regiones vulnerables.
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