En Michoacán, el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ha desencadenado una respuesta legislativa con la presentación de la llamada Ley Manzo, una iniciativa que busca endurecer las penas para quienes atenten contra la vida de alcaldes y reforzar mecanismos de seguridad y justicia en el estado. La propuesta, presentada este 12 de diciembre en el Congreso local, contempla sanciones de hasta 65 años de prisión para homicidios contra ediles y otros cambios jurídicos claves.
¿Qué propone la Ley Manzo y por qué surge?
La iniciativa, presentada por el diputado local Carlos Bautista Tafolla, del Movimiento del Sombrero, consta de 10 propuestas principales orientadas a fortalecer la seguridad pública y la procuración de justicia en Michoacán. Entre sus ejes destacan:
Seguridad federal para alcaldes bajo amenaza, especialmente en zonas de alto riesgo, siempre que se compruebe intimidación por parte del crimen organizado.
Facilitar los trámites para ejercer legítima defensa, con la intención de que las autoridades simplifiquen requisitos para portar armas en el hogar bajo criterios legales.
Endurecer penas por homicidio doloso de presidentes municipales, que en la propuesta van de 35 a 65 años de cárcel, ubicándose entre las sanciones más altas en el ámbito estatal para este tipo de delitos.
Sanciones más severas por uso o falsificación de apariencia oficial, con penas de 15 hasta 40 años, según el uso indebido de uniformes o vehículos oficiales.
Castigos de 10 a 20 años de prisión para familiares que encubran delincuentes, bajo la premisa de que ocultar a responsables equivale a participar en el crimen.
Además, se propone que la Fiscalía estatal rinda informes públicos mensuales sobre las investigaciones de homicidios contra ediles, con la finalidad de evitar que los casos queden sin resolverse.
Contexto: ¿qué pasó con Carlos Manzo?
El alcalde de Uruapan fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 en pleno centro de la ciudad durante el Festival de Velas. El agresor le disparó con un arma de fuego antes de ser abatido por los agentes que acompañaban al edil.
Los hechos ocurrieron semanas después de que Manzo advirtiera públicamente sobre la posibilidad de un levantamiento armado si no se restablecía la seguridad en su municipio.
Su muerte generó también movilizaciones sociales en diferentes municipios de Michoacán, así como condenas de diversos sectores políticos que exigieron justicia y estrategias más efectivas contra la violencia.
