La condena contra la médica venezolana Marggie Orozco, de 65 años y originaria del estado Táchira, ha encendido nuevas alarmas sobre la criminalización de opiniones en Venezuela. La profesional fue sentenciada a 30 años de prisión luego de que un audio de WhatsApp en el que criticaba al régimen chavista llegara a manos de una representante local de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), aparato de control ciudadano afín a Nicolás Maduro.
¿Cómo comenzó el caso que llevó a Orozco a una pena máxima de prisión?
La detención ocurrió el 5 de agosto de 2024, en San Juan de Colón, tras difundirse el mensaje donde Orozco alentaba a sus vecinos a participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Según el expediente, la denuncia fue presentada por una integrante de los CLAP, estructura utilizada para vigilancia territorial y distribución de alimentos bajo supervisión del oficialismo. Desde entonces, organizaciones civiles advierten que se trató de un acto de persecución política.
La sentencia, dictada el 14 de noviembre por un tribunal penal, incluyó los cargos de traición a la patria, incitación al odio y conspiración, en un proceso señalado por su falta de garantías. El Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales confirmó la medida y sostuvo que con esta acción “se evidencia la saña del régimen”.
Tras su captura, la médica fue recluida en una comisaría de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). En ese periodo su salud se deterioró seriamente: el 15 de septiembre sufrió un infarto dentro de la celda y fue trasladada de emergencia al hospital central de San Cristóbal. Pese a ello, las autoridades la enviaron posteriormente al anexo femenino del Centro Penitenciario de Occidente, sin considerar la fragilidad de su condición cardiaca.
Su esposo, Luis Molina, denunció públicamente la situación y advirtió que “tiene problemas de corazón y depresión desde 2013. La reclusión la ha deteriorado aún más”. Otros dirigentes opositores, como el exgobernador César Pérez Vivas, calificaron la condena como “un acto perverso contra una persona con graves problemas de salud”.
La sentencia contra Orozco no es un caso aislado
Diversos organismos de derechos humanos señalan que el encarcelamiento de Marggie Orozco forma parte de un patrón creciente de judicialización de opiniones. Casos recientes confirman la tendencia: dos jóvenes emprendedoras, Génesis Gabriela Pabón Paredes y Rocío Del Mar Rodríguez Guillén, fueron condenadas a 10 años tras ser contactadas por un agente encubierto que les solicitó camisetas con imágenes críticas hacia el régimen.
Este tipo de operaciones, catalogadas como “falsos positivos”, buscan mostrar resultados en la persecución de delitos políticos y funcionan como mecanismos de intimidación, según activistas y reportes locales.
Un ecosistema de vigilancia digital cada vez más intrusivo
Organizaciones como IPYS Venezuela y Freedom House han documentado el crecimiento de herramientas estatales destinadas al monitoreo ciudadano. Aplicaciones promovidas por el Gobierno, como VenApp, recolectan datos personales y geolocalización con el argumento de gestionar servicios públicos, pero han sido utilizadas para centralizar reportes de protestas y rastrear actividades de opositores.
En paralelo, los CLAP —estructuras de base que integran programas sociales— han sido señalados por su rol en tareas de control territorial, delación comunitaria y presión política. Bajo este entorno, las fronteras entre lo privado y lo público se desvanecen: una conversación en un grupo de WhatsApp puede convertirse en evidencia penal.
Un país donde opinar puede costar décadas de cárcel
El caso de Orozco refleja la combinación de vigilancia tecnológica, uso del sistema judicial y redes de control comunitario que restringen la libertad de expresión en Venezuela. Para organizaciones defensoras de derechos humanos, se trata de un episodio que confirma la erosión de libertades fundamentales y el creciente riesgo para cualquier forma de disidencia.
Mientras tanto, la médica de 65 años enfrenta la pena máxima en un entorno penitenciario adverso, en un país donde un simple audio de WhatsApp puede desencadenar el castigo más severo del sistema penal.
