En medio de un escenario internacional cada vez más tenso, el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU activó por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas… y lo hizo contra México.
Durante la 80ª sesión de la Asamblea General, el presidente del CED, Juan Pablo Albán Alencastro, anunció el inicio del procedimiento que busca determinar si en México las desapariciones son “una práctica generalizada o sistemática”, lo que puso a temblar a más de un funcionario.
“En marzo de 2025, el comité activó por primera vez el artículo 34 de la Convención en relación con México”, declaró Albán desde la sede de Naciones Unidas, y añadió que el país ocupa el primer lugar en acciones urgentes por desapariciones, con 779 comunicaciones registradas.
México responde: “No aceptamos esa narrativa”
Treinta minutos después del anuncio, el embajador Héctor Vasconcelos y Cruz tomó la palabra para rechazar el procedimiento: “México no comparte la decisión del Comité… debe reservarse a situaciones excepcionales”, advirtió.
Desde su tribuna, subrayó que el país ha sido uno de los más abiertos al escrutinio internacional y que la activación del artículo 34 “podría dañar la confianza entre los Estados parte”.
Por si fuera poco, la Secretaría de Relaciones Exteriores también fijó postura oficial: “Las afirmaciones emitidas por el CED carecen de sustento y no son admisibles”, se lee en su comunicado, en el que deslinda al Estado al decir que el fenómeno “está vinculado principalmente con la delincuencia organizada”.
El secreto detrás del expediente
La propia SRE admitió que pidió mantener bajo reserva la información entregada al CED en septiembre, cuando se les solicitó responder a la alerta internacional. Y aunque se asegura que hay una política de combate basada en “la prevención, la investigación y la sanción”, el gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta un proceso sin precedentes en su tipo.
El artículo 34 permite al Comité llevar la situación ante la ONU si considera que hay “indicios bien fundados” de prácticas sistemáticas. El último informe de la ONU recordó que México tiene más de 134 mil personas desaparecidas, sin contar los casos que no están oficialmente registrados.
Y por si quedaban dudas, Albán fue claro: “Las próximas etapas del procedimiento serán comunicadas y se harán públicas a su debido tiempo”.
La sombra que no se disipa
Aunque México insiste en que cumple con todas las convenciones y tratados internacionales, los organismos de derechos humanos no han dejado de señalar al país por su falta de respuesta ante el aumento de desaparecidos.
Desde su adhesión a la Convención en 2010, el país ha recibido múltiples observaciones, incluyendo las del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI). Pero ahora, el proceso podría escalar a nivel diplomático.
