Tortillerías podrían cerrar por cobro de 'derecho de piso'; delincuentes les piden hasta 50 mil pesos
La tortilla es un alimento fundamental en la dieta de los mexicanos, sin embargo, se corre el riesgo de que pronto las tortillerías cierren paulatinamente en el estado de Morelos por el cobro de extorsiones de parte de bandas del crimen organizado.
El aviso lo hizo Monseñor Ramón Castro, Obispo de Cuernavaca, quien durante la misa del pasado domingo denunció que varias tortillerías del estado, principalmente en el municipio de Cuautla, han tenido que pagar 'derecho de piso' a criminales que se identifican como miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación y la Familia Michoacana, alcanzando cifras que van de los 10 mil a los 50 mil pesos.
“Imagínense ustedes, a las tortillerías, ¿saben de cuánto es la extorsión? 50 mil pesos de entrada y 10 mil por mes. A la señora que vende hamburguesas le cobran derecho de piso. Es increíble”, comentó.
A los transportistas de caña de azúcar también les cobran 'derecho de piso'
El Obispo de Cuernavaca también comentó que otro sector que está siendo extorsionado es el de los transportistas de caña de azúcar, a quienes en el poblado de Casasano, ubicado en el municipio de Yautepec, les cobran 'derecho de piso'.
“En el Ingenio de Casasano ya se acercó el crimen organizado y piden 50 mil pesos por cada camión que llega”, agregó el sacerdote, posteriormente haciendo referencia a lo ocurrido hace unos días con Miguel Barranco García, regidor de Cuautla y líder cañero, quien fue víctima de un ataque armado en su casa, aunque logrando salir ileso.
“El líder cañero que seguramente no quiso (pagar las extorsiones), ayer intentaron matarlo. Así estamos. Es nuestra realidad”, comentó.
Ya han cerrado 35 tortillerías en Morelos
De acuerdo a datos del Consejo de la masa y la tortilla de Morelos, hasta el momento han cerrado 35 tortillerías en el estado, la mayoría de ellas en Cuautla. A estos negocios regularmente llegan hombres y dejan un papelito con un número de teléfono, al cual les piden a los empleados o dueños de los negocios comunicarse y en caso de no hacerlo o negarse a pagar la extorsión, sus locales son quemados o baleados.
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