La Arquidiócesis de San Francisco anunció un acuerdo por 395 millones de dólares para indemnizar a 530 personas que denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual infantil cometido por sacerdotes y otros miembros vinculados a la Iglesia católica. Este convenio representa uno de los pagos más importantes relacionados con este tipo de casos en Estados Unidos.

Este acuerdo forma parte de un pacto legal que se logró tras tres años de intensas negociaciones formales impulsadas por un cambio en la legislación de California. Dicha reforma abrió una ventana jurídica temporal que permitió procesar denuncias de agresiones sexuales cometidas hace varias décadas por miembros en activo del clero.

Arquidiócesis de San Francisco llega a un acuerdo millonario con las víctimas de abuso / AP

El arzobispo de San Francisco, Salvatore Cordileone, aseguró que el acuerdo "ofrece un camino a una compensación justa para los sobrevivientes que han cargado el peso de estos abusos durante toda su vida".

Asimismo, reconoció la responsabilidad de la Iglesia en estos hechos y afirmó que existe una "obligación moral" de responder ante los crímenes cometidos.

Asumimos toda la responsabilidad por lo ocurrido, y pido sinceras disculpas a todos aquellos que han sido afectados, expresó el líder religioso.

Millonarios acuerdo para indemnizar a las víctimas de abuso sexual / Redes Sociales

¿Qué contempla la indemnización?

Los 395 millones de dólares serán destinados a compensar a las 530 víctimas que presentaron denuncias por agresiones sexuales cuando eran menores de edad. De acuerdo con la arquidiócesis, esto se alcanzó tras meses de negociaciones con los representantes legales de los sobrevivientes, teniendo el objetivo de una reparación económica a quienes resultaron afectados.

Lista de los responsables en los casos de abusos sexuales en la Iglesia de San Francisco / Redes Sociales

Las autoridades eclesiásticas señalaron que el monto será cubierto mediante recursos provenientes de aseguradoras, bienes de la arquidiócesis y otras fuentes económicas. Además, aseguraron que el objetivo es cumplir con las obligaciones adquiridas sin comprometer la continuidad de las actividades pastorales y comunitarias que realiza la institución.

Un pacto que se basa en la transparencia

Más allá del impacto financiero, el acuerdo impone catorce estrictos requerimientos de protección a la infancia y rendición de cuentas. Entre las cláusulas destaca la publicación inmediata de una lista oficial que exponga los nombres de todos los sacerdotes acusados formalmente dentro de la demarcación.

El documento exige que dicho registro incluya detalles explícitos sobre la naturaleza de las denuncias recibidas y el resultado de las investigaciones internas. Con esta medida, los representantes legales de las víctimas buscan garantizar que el dinero no silencie la verdad histórica de los hechos.