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El caso de las monjas de Belorado, en España, continúa avanzando en los tribunales y podría derivar en penas de hasta 12 años de prisión para siete religiosas que protagonizaron un histórico rompimiento con la Iglesia católica en 2024. Las exclarisas son investigadas por presuntos delitos de coacciones, trato denigrante, maltrato hacia religiosas de edad avanzada y delitos contra el patrimonio, en un proceso que ha generado gran atención tanto dentro como fuera del ámbito eclesiástico.
El procedimiento judicial es dirigido por el Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao, que investiga a las siete religiosas que encabezaron el cisma tras difundir el llamado "Manifiesto Católico", documento en el que rechazaron la autoridad del Papa. Después de esa ruptura, el grupo abandonó el convento de Belorado y se trasladó a un monasterio ubicado en Orduña, Vizcaya, donde ocurrieron presuntamente los hechos que ahora son materia de investigación.
¿De qué acusan a las monjas de Belorado?
De acuerdo con el auto judicial, las investigadas habrían aprovechado el estado de vulnerabilidad de cinco religiosas de edad avanzada para influir sobre ellas e incorporarlas al movimiento que impulsaba la separación de la Iglesia católica.
Las presuntas víctimas tienen entre 87 y 101 años y, según la investigación, presentaban diversos problemas de salud, entre ellos deterioro cognitivo severo y secuelas derivadas de accidentes cerebrovasculares.
La jueza sostiene que existió un "incumplimiento del deber de cuidado" y que el consentimiento de las religiosas mayores estuvo condicionado por el miedo y la dependencia que mantenían respecto de las acusadas.
Reporte revela presuntas condiciones insalubres
Como parte de las investigaciones, un peritaje documentó diversas irregularidades en el monasterio durante el periodo en que las procesadas estuvieron al frente de la comunidad religiosa.
Entre los principales hallazgos destacan:
Falta de higiene en distintas áreas del convento.
Cocinas en condiciones inadecuadas y alimentos con un estado de conservación cuestionable.
Presuntas humillaciones, castigos y amenazas contra las religiosas que no compartían la nueva línea de mando.
Según la resolución judicial, las condiciones detectadas y el estado de salud de las religiosas mayores refuerzan la hipótesis de que pudieron haber sido víctimas de maltrato y coacciones.
También enfrentan acusaciones por delitos contra el patrimonio
Además de las investigaciones relacionadas con el trato hacia las religiosas de mayor edad, las exclarisas enfrentan un proceso por presuntos delitos contra el patrimonio.
Las autoridades españolas investigan diversos intentos de venta de bienes pertenecientes al monasterio, situación que anteriormente derivó en la detención de un anticuario y de la exabadesa de Belorado.
Estos hechos forman parte de un expediente independiente que analiza si existieron irregularidades en el manejo del patrimonio eclesiástico tras la ruptura con la Iglesia.
Las religiosas aseguran que son inocentes
A través de un comunicado oficial, el equipo de comunicación de las exclarisas rechazó todas las acusaciones y aseguró que las religiosas enfrentarán el proceso convencidas de su inocencia.
"Seguimos considerándonos plenamente inocentes", señalaron.
Asimismo, calificaron el procedimiento judicial como una "caza de brujas" y una "persecución por haber desafiado a la autoridad eclesiástica", insistiendo en que las acusaciones responden al conflicto que mantienen con la Iglesia católica desde 2024.
¿Por qué las monjas rompieron con la Iglesia católica?
El conflicto comenzó en la primavera de 2024, cuando surgieron diferencias entre la comunidad religiosa y el Arzobispado de Burgos por la adquisición de un convento ubicado en Orduña. A partir de ese desacuerdo, las religiosas difundieron el "Manifiesto Católico", mediante el cual desconocieron la autoridad del Papa y anunciaron su separación de la Iglesia.
Posteriormente buscaron respaldo en la Pía Unión del Apóstol San Pablo, organización coordinada por Pablo de Rojas Sánchez-Franco, quien fue excomulgado en 2019 y es señalado por la Iglesia católica como líder de una secta.
Tras diversos recursos legales y el desalojo definitivo del convento de Burgos, el caso continúa en los tribunales españoles y las siete religiosas permanecen sujetas al proceso penal que podría derivar en condenas de hasta 12 años de prisión, en caso de ser encontradas culpables.
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