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La posibilidad de una detención con fines de extradición contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, continúa en una etapa preliminar. Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el gobierno mexicano aún no cuenta con los elementos necesarios para ejecutar una captura relacionada con la petición promovida por autoridades estadounidenses.
Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria señaló que la solicitud enviada por una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos no puede analizarse como un procedimiento formal de extradición, ya que corresponde a una figura jurídica diferente dentro de los mecanismos de cooperación bilateral.
La presidenta destacó que hasta ahora las autoridades estadounidenses no han entregado documentación que permita sustentar las acusaciones formuladas contra Rocha Moya ni contra otros ex funcionarios vinculados al estado de Sinaloa.
¿Qué tendría que ocurrir para que México proceda contra Rubén Rocha Moya?
Sheinbaum explicó que la viabilidad de una detención urgente depende de la existencia de pruebas que respalden la petición realizada por el gobierno estadounidense. Mientras esos elementos no sean presentados, la postura de México permanecerá sin cambios.
“Nosotros hemos dicho que no hay pruebas para la detención urgente y no se han entregado ningunas pruebas”, afirmó la titular del Ejecutivo federal.
La mandataria agregó que la ausencia de evidencias también impide establecer tiempos específicos para resolver la solicitud. En ese sentido, aclaró que el procedimiento actual no obliga a México a cumplir con un plazo determinado.
“No hay plazo. Habría plazo si fuera un juicio formal de extradición”, sostuvo.
La solicitud urgente no cierra la puerta a un juicio de extradición
La presidenta puntualizó que la petición presentada por la oficina estadounidense representa únicamente una de las rutas legales disponibles. Aun cuando la solicitud de detención urgente fuera rechazada, el caso podría continuar por otra vía.
Según explicó, el Departamento de Justicia conserva la facultad de iniciar posteriormente un procedimiento formal de extradición, aunque para ello también tendría que presentar información suficiente que respalde sus señalamientos.
“En caso de que se rechazara esta solicitud, todavía el Departamento de Justicia, esta oficina, tendría la posibilidad de establecer un juicio formal”, indicó.
Mientras no exista nueva documentación por parte de Estados Unidos, el caso permanecerá en revisión y cualquier decisión futura dependerá de los elementos legales que eventualmente sean entregados a las autoridades mexicanas.
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