Un juez federal dictó prisión preventiva justificada contra Fausto Ernesto Corrales Rodríguez, señalado como testigo presencial del asesinato del político sinaloense Héctor Melesio Cuén Ojeda y del secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, hechos ocurridos el 25 de julio de 2024 en la finca Huertos del Pedregal, ubicada en las afueras de Culiacán, Sinaloa.

La medida cautelar fue impuesta este jueves 20 de agosto en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, un día después de que Corrales Rodríguez fuera detenido en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Durante la audiencia inicial, celebrada a puerta cerrada a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) por motivos relacionados con la seguridad nacional, la defensa de Corrales solicitó la duplicidad del plazo constitucional. El abogado defensor, Miguel Albarrán, confirmó ambos hechos al salir de la diligencia, aunque se negó a proporcionar mayores detalles. La audiencia se reanudará el lunes 24 de agosto a las 10:00 horas.

La defensa solicitó duplicidad del plazo y no objetó la audiencia cerrada

¿Qué implica la solicitud de la defensa? Albarrán confirmó que pidió la duplicidad del término constitucional, recurso que amplía el periodo del que dispone el juzgador para determinar si Corrales Rodríguez será vinculado o no a proceso por los delitos que le fueron imputados.

Cuando los reporteros cuestionaron al abogado sobre los alcances de la solicitud, se limitó a responder: “En aras de salvaguardar el debido proceso, no puedo dar mayores comentarios”.

De acuerdo con reportes previos, la defensa tampoco objetó que la audiencia se desarrollara sin acceso de la prensa ni del público. La fiscal del caso, adscrita a la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, sustentó la petición para realizar la sesión a puerta cerrada en dos argumentos: la existencia de diligencias pendientes en procesos paralelos y el riesgo que representa el expediente para la seguridad nacional.

El juez de control Mario Elizondo Martínez ordenó desalojar la sala antes de que comenzara la diligencia. Además, estableció que el plazo de retención de Corrales Rodríguez comenzaría a contabilizarse desde las 14:55 horas del miércoles 19 de agosto, momento en que la FGR lo recibió formalmente, y no desde las 19:00 horas, cuando fue ingresado al penal federal del Altiplano.

La audiencia de Fausto Corrales se realizó en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez / Especial

La FGR acusa a Corrales de encubrir el crimen y mentir ante las autoridades

¿Qué delitos enfrenta Fausto Corrales? Durante la audiencia, el Ministerio Público formalizó los cargos por encubrimiento en el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda y falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia.

Ambas acusaciones se desprenden de la versión que Corrales Rodríguez proporcionó ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. En aquella declaración, Fausto aseguró que Cuén Ojeda había muerto después de recibir disparos de dos hombres que viajaban en motocicleta, mientras ambos cargaban combustible en una gasolinera Pemex de La Presita, en Culiacán.

La entonces fiscal estatal Sara Bruna Quiñónez respaldó esta versión y la sustentó con un video. Sin embargo, Quiñónez presentó su renuncia en septiembre de 2024, después de que la FGR desacreditara las actuaciones realizadas por su fiscalía.

¿Qué encontraron los peritajes federales? Las investigaciones desmontaron la versión punto por punto. La grabación que supuestamente mostraba el asesinato de Cuén no tenía sonido; además, ningún empleado de la gasolinera reportó haber escuchado disparos. A esto se sumó que el cuerpo del exrector presentaba cuatro heridas de bala, y no una, como sugería el video presentado inicialmente.

Posteriormente, la FGR intervino la finca Huertos del Pedregal y encontró sangre de Héctor Melesio Cuén dentro del predio, evidencia que situó el homicidio en ese lugar y no en la gasolinera. La investigación federal también colocó a Corrales Rodríguez como una persona relevante para esclarecer lo ocurrido durante aquella jornada.

El padre de Fausto Corrales lo defiende y descarta pedir licencia

Víctor Antonio Corrales Burgueño defendió públicamente a su hijo tras la decisión del juez / Especial

Tras conocerse la decisión del juez, Víctor Antonio Corrales Burgueño, padre de Fausto Ernesto, salió a defender a su hijo. El también diputado local, coordinador de la bancada del PAS en el Congreso del Estado de Sinaloa y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) fue cuestionado sobre el cambio de estatus de su hijo, quien pasó de ser considerado testigo a imputado.

Al respecto, el legislador respondió: “No lo sé, no sé en qué se fijen para eso, él ha sido víctima”.

Sobre la inocencia de Fausto Ernesto, Corrales Burgueño fue categórico y expresó: 

“Plena confianza, es totalmente inocente, de eso no tengo ninguna duda, lo digo como padre que lo conozco bien y, además, por la propia situación, Fausto no tiene que ver en esto”.

El diputado también aprovechó para exigir resultados en la investigación del asesinato de Cuén Ojeda, fundador del partido que él mismo coordina en el Congreso sinaloense. “Nosotros hemos estado aguantando dos años para que las autoridades tengan un informe y se rinda un resultado, yo voy a seguir en esa postura”, advirtió.

Asimismo, descartó solicitar licencia a su cargo legislativo, pese a la situación jurídica que enfrenta su hijo.

La carta de “El Mayo”: una emboscada de Los Chapitos con Cuén como señuelo

¿Qué ocurrió el 25 de julio de 2024? En agosto de 2024, el abogado de Ismael “El Mayo” Zambada difundió una carta de dos cuartillas en la que el capo dio a conocer su propia versión sobre los acontecimientos que derivaron en su captura y traslado a Estados Unidos.

Ismael “El Mayo” Zambada relató en una carta su versión sobre los hechos del 25 de julio de 2024 / Redes Sociales

Zambada sostuvo que Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y su propio ahijado, lo convocó a la finca Huertos del Pedregal bajo el argumento de que se realizaría una reunión en la que participarían el entonces gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Según el relato de Zambada, el supuesto objetivo de la reunión era resolver diferencias entre ambos políticos relacionadas con el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). La cita estaba programada para las 11:00 horas del 25 de julio de 2024.

Al llegar al lugar, “El Mayo” aseguró que encontró a Cuén Ojeda acompañado de uno de sus asistentes, quien, de acuerdo con las investigaciones de la FGR, habría sido Fausto Corrales. Posteriormente, entró a una habitación donde lo esperaba Joaquín Guzmán López, lugar en el que, según su versión, fue emboscado.

La finca Huertos del Pedregal fue señalada como el lugar donde ocurrieron los hechos del 25 de julio de 2024 / Redes Sociales

“Llegué un poco temprano. Vi un gran número de hombres armados con uniformes verdes que supuse eran sicarios de Joaquín Guzmán y sus hermanos”, escribió Zambada en la carta.

El narcotraficante relató que, una vez dentro, un grupo de hombres le colocó un pasamontañas, lo maniató y posteriormente lo subió a una camioneta. Después, afirmó, fue trasladado hasta una pista clandestina ubicada a aproximadamente 20 minutos del rancho, donde fue subido a un avión privado con destino a Nuevo México, Estados Unidos.

En su relato, “El Mayo” también señaló que Iván Guzmán Salazar, alias “El Chapito”, habría estado presente durante la operación. Además, sostuvo que Héctor Melesio Cuén Ojeda fue asesinado en el mismo sitio y al mismo tiempo en que él fue secuestrado, versión que contradice el relato inicial proporcionado por Fausto Corrales ante la Fiscalía de Sinaloa, según el cual el exrector había sido atacado durante un supuesto robo en una gasolinera.

Por ahora, Corrales Rodríguez permanecerá bajo prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso. Será el lunes 24 de agosto a las 10:00 horas cuando se reanude la audiencia y el juez determine si existen elementos suficientes para vincularlo o no a proceso por los delitos que le imputa la FGR.