¿El gobernador Rubén Rocha tiene nexos con el narco? Esto dice EU

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos presentó cargos este miércoles contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros funcionarios y ex funcionarios del estado, por su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa. 

La acusación, dada a conocer por autoridades federales estadounidenses, coloca a varios integrantes del aparato gubernamental bajo investigación por supuestas actividades relacionadas con el narcotráfico internacional.

De acuerdo con el DOJ, los señalados habrían participado en una red de colaboración con líderes de la organización criminal, facilitando la distribución de narcóticos hacia territorio estadounidense a cambio de beneficios políticos y sobornos. La acusación detalla un presunto esquema de complicidad que, según las autoridades, habría operado desde distintas áreas del gobierno estatal.

En el comunicado oficial, el Departamento de Justicia expone la gravedad de las acusaciones contra los implicados, subrayando su posición dentro del gobierno:

Según la acusación, los llamados “Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, habrían influido en la llegada de Rocha Moya al poder mediante presuntas acciones de intimidación contra adversarios políticos. Posteriormente, ya en funciones desde el 1 de noviembre de 2021, el mandatario habría sostenido reuniones con integrantes del cártel, en las que presuntamente ofreció protección a sus operaciones ilícitas.

Además del gobernador, la acusación incluye a nueve personas más vinculadas a la administración pública y cuerpos de seguridad en Sinaloa. Entre ellos destacan el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el senador Enrique Inzunza Cazárez; y el ex Secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega.

También figuran mandos de seguridad y procuración de justicia, como Dámaso Castro Zaávedra, actual Subprocurador de la Fiscalía estatal, quien presuntamente recibía pagos mensuales del cártel a cambio de filtrar información y proteger a sus integrantes. Otro de los casos más graves es el de Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal, acusado de secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA.

El resto de los implicados incluye a ex jefes policiales y funcionarios de seguridad pública, quienes enfrentarían penas que van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua, dependiendo de su grado de responsabilidad.

El anuncio fue realizado por el Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, junto con el Administrador de la DEA, Terrance C. Cole, lo que refleja la relevancia del caso dentro de la estrategia de Estados Unidos contra el narcotráfico. La investigación fue asignada a la jueza federal Katherine Polk Failla.

Este proceso se suma a una serie de acusaciones iniciadas desde 2023 en el mismo distrito, que en conjunto ya suman más de 30 personas imputadas por su presunta relación con el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del continente.

Aunque todos los acusados se encuentran presuntamente en territorio mexicano, el caso abre un nuevo capítulo en la cooperación —y tensión— entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. Las acusaciones, de confirmarse, podrían tener implicaciones políticas y judiciales de gran alcance, tanto a nivel estatal como federal.

Por ahora, las autoridades estadounidenses continúan con el proceso legal, mientras el caso genera atención internacional por la magnitud de los señalamientos y los perfiles involucrados.