A 37 años de haber obtenido el triunfo en las urnas, convirtiéndose en el primer gobernador de oposición en el país, Ernesto Ruffo fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Ensenada para ser presentado ante un juez, siendo señalado por presuntamente encabezar una red de contrabando de combustibles.
La orden de aprehensión fue derivada por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada y contrabando. Esta captura abrió una investigación de más de un año encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre una red de "huachicol fiscal"
Millonario fraude fiscal
La fiscal general, Ernestina Godoy, aseguró que “la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento” en México operaba por medio de la empresa Ingemar, propiedad del exmandatario.
De acuerdo con la FGR, esta red causó un perjuicio a la Hacienda Pública de 4 mil 456 millones de pesos. El sofisticado esquema delictivo ingresó ilegalmente al país más de 15 millones de litros de combustible, evadiendo por completo las revisiones aduaneras fronterizas.
De esta forma, las indagatorias sostienen que la red operaba mediante empresas vinculadas al exgobernador y aprovechaba esquemas de importación para evadir el pago de impuestos federales.
Modus operandí del robo de combustible
La forma de operación consistía en utilizar la infraestructura ferroviaria y omitir de manera sistemática las declaraciones fiscales. Tan solo por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la evasión estimada asciende a 88 millones 511 mil 516 pesos, sumados a más de 18 millones del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Investigaciones determinaron que aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades. Asimismo, se identificó que la organización habría utilizado más de un centenar de carros-tanque de ferrocarril para omitir las contribuciones correspondientes. Este mecanismo permitía introducir combustibles de manera irregular con la complicidad de diversas ramificaciones de logística fronteriza.
Como parte de las primeras acciones operativas, las autoridades aseguraron uno de los principales centros de operación de la red y localizaron decenas de carros-tanque en Saltillo, Nuevo Laredo y San Luis Potosí, además de generar una afectación económica estimada en 32 millones 808 mil pesos para la organización investigada.
Tras su detención, fue trasladado a la Ciudad de México, donde será presentado ante un juez que determinará su situación jurídica conforme avance el proceso penal iniciado por la FGR. Las autoridades federales mantienen abiertas las investigaciones para determinar el alcance de la presunta red de contrabando, identificar a todos los participantes y establecer las responsabilidades correspondientes.

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