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La consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde Luján, rechazó que el gobierno haya elaborado una “lista negra” de periodistas durante el programa Derecho de Réplica. La funcionaria respondió a las críticas que surgieron después de la emisión del espacio y aseguró que la información presentada correspondió a un análisis sobre el funcionamiento de los ecosistemas digitales.
A través de un video publicado en redes sociales, Alcalde explicó que la aparición de un periodista, medio de comunicación o político dentro del análisis no significa que forme parte de una operación coordinada. Señaló que una publicación puede ser retomada posteriormente por cuentas anónimas y conectada con otras conversaciones para impulsar determinadas tendencias.
La funcionaria sostuvo que el objetivo del ejercicio es identificar cómo funcionan estas dinámicas en internet y no señalar directamente a quienes aparecen en ellas. También negó que el gobierno acuse a medios de comunicación de financiar bots o trolls, aunque afirmó que existen personas que sí financian este tipo de actividades y que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo operan.
Según Alcalde, el análisis contempla una red digital integrada por más de medio millón de bots ubicados en distintos países, los cuales podrían amplificar determinados contenidos hasta generar la percepción de que existe una conversación orgánica. La funcionaria insistió en que este fenómeno es precisamente lo que el gobierno busca estudiar.
¿Por qué surgió la polémica por los periodistas señalados?
La explicación de Alcalde ocurrió después de que en la emisión de Derecho de Réplica se mostraran nombres, publicaciones y contenidos relacionados con periodistas, medios, analistas y actores políticos. La presentación generó críticas de sectores que consideraron que la exposición podía convertirse en una forma de señalar públicamente a voces críticas del gobierno.
El partido político nacional Somos México acusó que desde espacios oficiales se está identificando a periodistas y opositores como integrantes de supuestas redes contra la administración federal. La agrupación consideró que este tipo de señalamientos pueden representar un riesgo para la libertad de expresión y para la pluralidad del debate público.
Somos México reconoció que el gobierno tiene derecho a responder a información que considere falsa o inexacta. Sin embargo, sostuvo que existe una diferencia entre ejercer el derecho de réplica y utilizar el aparato de comunicación del Estado para establecer relaciones entre personas a las que se atribuyen operaciones políticas o informativas contra el gobierno.
La organización también recordó una declaración realizada por Claudia Sheinbaum en 2021, cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México. En aquella ocasión, Sheinbaum cuestionó la elaboración de listas de personas por sus posiciones políticas y defendió las libertades de expresión, reunión y manifestación.
Somos México alerta por libertad de expresión
El partido sostuvo que la libertad de expresión debe mantener el mismo valor sin importar quién gobierne o quién se encuentre en la oposición. Por ello, rechazó cualquier intento de dividir a la sociedad entre quienes respaldan al gobierno y quienes cuestionan sus decisiones.
Somos México señaló que una administración democrática puede responder a las críticas con información, argumentos, datos y resultados. También consideró válido señalar información falsa y solicitar correcciones, pero advirtió que esa facultad no debería convertirse en una herramienta para estigmatizar a periodistas, analistas o ciudadanos críticos.
La agrupación aseguró que defenderá el derecho de todas las personas a expresarse libremente, incluso cuando sus opiniones sean contrarias a las del gobierno o a las de la propia organización política. Para Somos México, la crítica al poder y la pluralidad son elementos indispensables de una democracia.
Mientras la polémica continúa, Luisa María Alcalde mantiene que el gobierno federal no presentó una lista de periodistas enemigos ni atribuyó a los medios el financiamiento de cuentas automatizadas. La funcionaria sostiene que se trató de un análisis sobre la amplificación artificial de contenidos, mientras sus críticos cuestionan la manera en que fueron presentados los nombres y las posibles implicaciones para la libertad de expresión.
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