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La Fiscalía de Bolivia emitió una nueva orden de captura contra el expresidente Evo Morales, quien gobernó el país entre 2006 y 2019, al señalarlo por su presunta participación en las protestas y bloqueos de carreteras que se registraron entre mayo y junio. Las autoridades le atribuyen diversos delitos, entre ellos terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, además de otras conductas relacionadas con las movilizaciones que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La determinación fue emitida por el fiscal Brayan Melgar y posteriormente confirmada a la agencia EFE por una persona cercana al exmandatario. Con esta resolución, las autoridades bolivianas buscan avanzar en una investigación que relaciona a Morales con una serie de protestas que paralizaron varias regiones del país durante varias semanas.
¿De qué acusan a Evo Morales?
De acuerdo con la orden emitida por la Fiscalía, Evo Morales enfrenta acusaciones por diversos delitos que, según las investigaciones, estarían relacionados con la organización y respaldo a los bloqueos carreteros ocurridos en meses pasado.
Además de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, la resolución también le atribuye los presuntos delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Las autoridades sostienen que estos hechos forman parte de las investigaciones abiertas tras las movilizaciones que afectaron distintas zonas del país y que generaron importantes interrupciones en la circulación y el funcionamiento de servicios.
¿Qué ocurrió durante las protestas?
Durante siete semanas, entre mayo y junio, diversos sectores sociales realizaron bloqueos de carreteras principalmente en el occidente y el centro de Bolivia.
Según la información oficial, las movilizaciones fueron impulsadas por campesinos de La Paz y por la Central Obrera Boliviana (COB), además de contar con el respaldo de grupos afines a Evo Morales, quienes mantenían una exigencia principal.
Las protestas buscaban la renuncia del presidente Rodrigo Paz, una demanda que, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, habría motivado la organización de los bloqueos que ahora forman parte del expediente judicial.
¿Por qué no han detenido a Evo Morales?
Pese a que existen órdenes judiciales de aprehensión, Evo Morales continúa sin ser detenido. De acuerdo con la información disponible, el exmandatario permanece en la región del Chapare, ubicada en el departamento de Cochabamba, donde conserva una sólida base de apoyo político, sindical y social.
Ese respaldo ha complicado la ejecución de las órdenes de captura, ya que un operativo para detenerlo podría derivar en un escenario de confrontación entre las fuerzas de seguridad y sus simpatizantes. Hasta ahora, ninguna autoridad boliviana ha informado sobre un operativo exitoso para concretar la detención del exmandatario.
Un caso que mantiene la tensión política
La nueva orden de captura vuelve a colocar a Evo Morales en el centro de la vida política boliviana, en medio de un ambiente marcado por la polarización y los enfrentamientos entre distintos sectores.
El expresidente continúa siendo una de las figuras con mayor influencia dentro del movimiento político que encabezó durante años, mientras que las autoridades mantienen abiertas diversas investigaciones relacionadas con las movilizaciones ocurridas en el país.
Por ahora, la Fiscalía deberá determinar los siguientes pasos para intentar ejecutar la orden de captura, mientras el caso continúa generando reacciones tanto entre sus simpatizantes como entre sus opositores.
La investigación sigue abierta
Hasta el momento, las autoridades bolivianas no han informado cuándo intentarán cumplir la orden de aprehensión ni si existe un operativo programado para localizar al expresidente. Mientras tanto, Evo Morales permanece en el Chapare, donde su estructura de apoyo ha impedido que las autoridades concreten su captura, pese a las resoluciones judiciales emitidas en su contra.
El proceso continúa abierto y será la justicia boliviana la que determine la evolución de las investigaciones y las posibles responsabilidades derivadas de los hechos ocurridos durante las protestas y bloqueos registrados entre mayo y junio.
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