El caso de María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, generó indignación y movilizaciones en Madrid después de que la mujer de 87 años fuera finalmente desalojada de la vivienda en la que residía desde 1956. El procedimiento se ejecutó este 23 de septiembre, después de tres intentos anteriores que habían sido aplazados y tras meses de protestas de vecinos y organizaciones que exigían una alternativa habitacional para la pensionada.

Maricarmen, quien tiene reconocido un 50% de discapacidad, había convertido su caso en uno de los símbolos más visibles de la crisis de vivienda en la capital española. La mujer aseguraba que no quería abandonar el único hogar que había conocido durante prácticamente toda su vida, mientras diferentes colectivos mantenían presión para evitar que la orden judicial fuera ejecutada.

¿Por qué desalojaron a Maricarmen de su vivienda?

La historia comenzó décadas atrás. Maricarmen vive en el inmueble desde 1956, cuando su padre firmó el contrato de arrendamiento. Después de la muerte de sus padres, ella permaneció en la vivienda mediante la subrogación del contrato, una modalidad vinculada a las antiguas rentas protegidas en España.

El problema se profundizó después de que el edificio cambiara de propietario y terminara en manos de Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, empresa dedicada a la adquisición y gestión de activos inmobiliarios. La compañía sostuvo que el contrato no podía volver a subrogarse y comenzó un procedimiento para recuperar la vivienda.

Uno de los puntos centrales de la disputa fue el precio. Maricarmen continuaba pagando alrededor de 500 euros mensuales, mientras que la propiedad llegó a plantear una renta de aproximadamente 2,650 euros al mes, cantidad que resultaba imposible de asumir para una mujer cuya pensión era de aproximadamente 1,350 euros.

Una donante ofreció pagar la diferencia

Cuando el desalojo parecía inevitable, surgió una alternativa inesperada. Una donante anónima se ofreció a cubrir la diferencia entre lo que Maricarmen podía pagar y el nuevo alquiler, con la intención de permitir que permaneciera dentro de la vivienda.

La propuesta implicaba que la mujer continuara pagando aproximadamente 500 euros mensuales mientras la benefactora asumiría el resto del importe e incluso determinadas cantidades pendientes. Sin embargo, la empresa propietaria no aceptó el acuerdo y el procedimiento de desalojo siguió adelante.

Esta negativa incrementó la presión social alrededor del caso y provocó nuevas concentraciones frente al edificio, especialmente durante las horas previas al cuarto intento de desahucio.

Tres intentos anteriores habían sido frenados

La primera orden para desalojar a Maricarmen se produjo en octubre de 2025, pero la movilización de vecinos y activistas permitió aplazarla. Posteriormente hubo nuevos intentos durante junio de 2026, que tampoco pudieron concretarse.

El cuarto procedimiento quedó programado para el 23 de septiembre. Desde muy temprano, cientos de personas comenzaron a concentrarse alrededor del edificio en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro, con la intención de acompañar a la mujer e intentar evitar que perdiera su hogar.

La movilización reunió a vecinos, integrantes del Sindicato de Inquilinas y diferentes figuras públicas que se sumaron durante las semanas anteriores a las protestas.

Policía intervino para ejecutar el desalojo

La mañana del pasado 23 de septiembre, agentes policiales acudieron a la zona para permitir la ejecución de la orden judicial. Activistas permanecían en el portal del inmueble intentando impedir el acceso de la comisión encargada del procedimiento.

La intervención derivó en momentos de tensión y forcejeos mientras los agentes retiraban a quienes permanecían bloqueando el acceso. Medios españoles reportaron que finalmente la comisión judicial pudo ingresar al inmueble y concretar el desalojo.

Después de varias horas, Maricarmen fue sacada del edificio en una camilla por personal sanitario, mientras las personas concentradas gritaban mensajes de apoyo como “no estás sola”. Posteriormente fue atendida por los servicios médicos.

ONU había pedido frenar el procedimiento

Otro elemento que elevó la dimensión del caso fue la intervención de organismos internacionales. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas había pedido medidas para evitar que la mujer quedara sin una alternativa habitacional adecuada.

También el Ministerio de Vivienda español había intervenido para intentar encontrar una solución antes de la ejecución del procedimiento, aunque finalmente el desalojo se llevó a cabo.

La defensa de Maricarmen y organizaciones sociales insistieron durante todo el proceso en que su edad, condición física y arraigo en la vivienda debían ser considerados antes de obligarla a abandonar el lugar donde había pasado prácticamente toda su vida.

Maricarmen rechazó algunas alternativas habitacionales

Servicios sociales habían ofrecido diferentes opciones, entre ellas una plaza en una residencia o alternativas de alojamiento tutelado. Sin embargo, la mujer rechazó algunas de estas posibilidades al considerar que no respondían a sus necesidades o la obligaban a abandonar el entorno en el que había vivido durante décadas.

Para Maricarmen, la prioridad siempre fue permanecer en su casa. Su defensa sostuvo que las opciones presentadas no resultaban equivalentes al hogar que había mantenido durante más de 70 años. Tras el desalojo, medios españoles informaron que la mujer permanecería temporalmente con familiares mientras se define una solución más estable para su situación.

¿Urbagestión es un “fondo buitre”?

Durante las protestas y en diferentes publicaciones, activistas y organizaciones han utilizado el término “fondo buitre” para referirse a la empresa propietaria del inmueble. Sin embargo, Urbagestión rechaza esa descripción.

La compañía se presenta como una plataforma de inversión especializada en activos inmobiliarios y sostiene que es una empresa de tamaño reducido, no un fondo de inversión de las características que generalmente se asocian con ese calificativo.

Por ello, el término forma parte principalmente de la denuncia de los colectivos que apoyan a Maricarmen y no de una clasificación oficial de la empresa.

Un caso convertido en símbolo de la crisis de vivienda

La historia de Maricarmen trascendió rápidamente su edificio. Artistas, actores y músicos españoles participaron en movilizaciones y expresaron públicamente su apoyo, mientras el Sindicato de Inquilinas utilizó el caso para denunciar los problemas de acceso a vivienda en Madrid.

Cientos de personas se reunieron durante las horas previas al desalojo y diferentes figuras públicas participaron en acciones para presionar a las autoridades y a la propiedad para alcanzar un acuerdo.

Finalmente, la orden judicial fue ejecutada y Maricarmen abandonó a los 87 años la vivienda donde había residido desde 1956, cerrando después de siete décadas una historia que terminó convirtiéndose en símbolo del debate sobre rentas, propiedad privada, vulnerabilidad y derecho a la vivienda en España.