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El gobierno de Estados Unidos pretende blindar el juicio contra Rafael Caro Quintero, uno de los narcotraficantes más conocidos de México, mediante un esquema de protección inusual que incluye restricciones de acceso a información del caso y medidas especiales para quienes participen como jurados.
La petición fue presentada por fiscales federales ante la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde está programado de forma tentativa el inicio del juicio para el 8 de marzo de 2027. La solicitud será analizada por el juez Frederick Block, encargado de determinar si las condiciones extraordinarias son procedentes.
Entre las medidas planteadas se encuentra la integración de un jurado anónimo, cuyos nombres, domicilios y centros de trabajo permanecerían fuera del conocimiento público. La Fiscalía sostiene que la reserva es necesaria para garantizar que los ciudadanos seleccionados puedan desempeñar su función sin presiones externas ni amenazas.
Además, el gobierno propuso que los integrantes del jurado sean trasladados diariamente por el Servicio de Marshals de Estados Unidos desde un sitio seguro hasta la corte federal ubicada en Brooklyn, Nueva York.
¿Qué información podría mantenerse oculta durante el proceso?
Paralelamente, el fiscal federal Joseph Nocella solicitó una audiencia para que la Corte evalúe la aplicación de la Ley de Procedimientos para el Manejo de Información Clasificada (CIPA), mecanismo legal utilizado cuando un proceso judicial involucra material sensible para la seguridad nacional estadounidense.
La audiencia fue planteada para el 17 de junio, fecha en la que también podría definirse un calendario para la presentación de futuras mociones relacionadas con información clasificada. Bajo esta legislación, ciertos documentos pueden mantenerse bajo resguardo o ser sustituidos por resúmenes autorizados por el tribunal.
La normativa también contempla que, con autorización judicial, el gobierno no tenga que revelar públicamente datos sensibles, incluida la identidad de agentes de inteligencia encubiertos. En esos casos, la información podría describirse únicamente como “la identidad de un agente de inteligencia encubierto”, sin exponer detalles adicionales.
Los cargos que mantienen a Caro Quintero frente a la justicia estadounidense
Rafael Caro Quintero fue trasladado a territorio estadounidense en febrero de 2025 y actualmente enfrenta acusaciones por presuntamente dirigir una organización criminal dedicada al tráfico de marihuana, cocaína, heroína y metanfetamina, además de delitos relacionados con el uso de armas de fuego en actividades de narcotráfico.
Las autoridades estadounidenses también lo responsabilizan por su presunta participación en el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985 en Guadalajara, un caso que durante décadas ha sido considerado uno de los más relevantes para la agencia antidrogas.
De acuerdo con la acusación federal, el llamado “Narco de Narcos” habría sido uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara y continuó vinculado a actividades criminales después de recuperar su libertad en 2013, hasta su recaptura en 2022. Asimismo, la Fiscalía busca que Ismael Quintero Arellanes, sobrino del capo mexicano, sea juzgado dentro del mismo procedimiento por su presunta colaboración en operaciones atribuidas a su tío mientras permanecía prófugo.
Hasta el momento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha señalado que no existe ninguna oferta de acuerdo de culpabilidad, por lo que el caso continúa encaminado hacia un juicio que podría convertirse en uno de los procesos por narcotráfico más sensibles de los últimos años en territorio estadounidense.
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