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Raúl Rocha Cantú, empresario conocido por ser propietario de la mitad de la franquicia de Miss Universo, volvió a quedar en el centro de una investigación federal luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitara una nueva orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, también conocido como lavado de dinero.
De acuerdo con información dada a conocer por MILENIO, la solicitud fue presentada ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. En la misma carpeta de investigación también aparecen señalados los empresarios Andrés Javier Vázquez Ruiz y Alberto Charlan Salazar.
¿De qué acusa la FGR a Raúl Rocha Cantú?
Según fuentes federales citadas por el medio, el agente del Ministerio Público Federal judicializó la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-CDMX/0001319/2025, la cual deriva de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el 2 de diciembre de 2025.
La querella describe un presunto esquema de manejo de recursos mediante empresas, cuentas bancarias y personas físicas para introducir dinero al sistema financiero.
Dentro de esa investigación, la UIF identifica a Raúl Rocha Cantú como el probable beneficiario controlador y artífice corporativo de la estructura financiera investigada, señalándolo como una de las piezas centrales del presunto mecanismo.
Entre los indicios presentados se encuentra la adquisición de diversos inmuebles mediante cheques de caja por un millón 17 mil 176 pesos cada uno, alcanzando un monto total cercano a 6 millones 950 mil pesos. Además, la investigación refiere que Rocha Cantú aparece en la lista de vigilancia global del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Así operaría la presunta red financiera
La investigación también involucra a Andrés Javier Vázquez Ruiz, originario de Culiacán, Sinaloa, quien presuntamente realizaba retiros de efectivo mediante las empresas Promotora e Inmobiliaria de Hoteles y Moteles del Norte y diversas personas físicas.
En el caso de Alberto Charlan Salazar, la UIF sostiene que era el supuesto encargado de abrir cuentas bancarias utilizadas para movilizar importantes cantidades de dinero. De acuerdo con la indagatoria, en sus cuentas personales fueron detectados movimientos por 16 millones 326 mil 768 pesos.
Las autoridades consideran que el esquema consistía en utilizar cuentas personales de empleados para recibir recursos provenientes de empresas, mecanismo que posteriormente permitía integrar el dinero al sistema financiero.
Empresas, contratos y cientos de cuentas bajo investigación
Como parte de la carpeta de investigación, la FGR señala que la empresa Impulsora Eagle, S.A. de C.V. movilizó 122 millones 847 mil 167 pesos en un año y recibió un pago del municipio de Los Cabos, Baja California Sur, por 667 mil 902 pesos.
Asimismo, la investigación documenta que Operadora de Alimentos y Bebidas de Naucalpan, S.A. de C.V. registró 437 depósitos por 69 millones 508 mil 755 pesos, además de otros 17 millones 449 mil 680 pesos. Para la UIF, este comportamiento financiero podría sugerir que algunos restaurantes eran utilizados como fachada para bancarizar efectivo.
La denuncia también incluye a Soluciones Gasíferas del Sur, S.A. de C.V., empresa propiedad de Rocha Cantú que obtuvo un contrato de Petróleos Mexicanos (Pemex) por 745 millones 645 mil 19 pesos. Dentro de la investigación también aparece GI Euromex, S.A. de C.V., identificada por la UIF como la empresa que fungía como tesorería y holding operativo de la presunta estructura financiera.
Según la indagatoria, entre mayo y octubre de 2025 esa sociedad realizó movimientos bancarios por más de 122 millones y 123 millones de pesos, respectivamente. Como parte de las diligencias, las autoridades informaron que fueron aseguradas aproximadamente 500 cuentas bancarias presuntamente relacionadas con la red investigada.
También enfrenta otra investigación por delincuencia organizada
Esta no es la primera ocasión en que Raúl Rocha Cantú enfrenta señalamientos por parte de las autoridades federales.
El año pasado, un juez del Centro de Justicia Penal Federal en Querétaro ordenó su captura por los probables delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas de fuego, tráfico de hidrocarburos y presuntos vínculos con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
No obstante, esa orden de aprehensión no fue ejecutada debido a que el empresario se acogió a un criterio de oportunidad, convirtiéndose en testigo colaborador. Posteriormente, al no acudir a las entrevistas programadas por el Ministerio Público Federal el 8 de diciembre del año pasado, la FGR solicitó reactivar el mandamiento judicial.
Aunque Rocha Cantú obtuvo inicialmente una suspensión mediante un juicio de amparo, días después el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito revocó esa medida cautelar, dejando abierta la posibilidad de ejecutar la orden de captura.
Ahora, con esta nueva solicitud de aprehensión por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, el empresario vuelve a enfrentar un complejo escenario jurídico mientras las investigaciones federales continúan en curso.
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