La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una iniciativa de reforma constitucional que busca impedir que quienes aspiren a la Presidencia de México, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México mantengan una doble nacionalidad.

La propuesta establece que las personas candidatas deberán renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de solicitar su registro electoral y conservar únicamente la mexicana durante el tiempo que permanezcan en el cargo.

Sheinbaum explicó que la medida pretende garantizar que quienes encabecen los Poderes Ejecutivos federal y estatales antepongan los intereses de México frente a los de cualquier otro país. La iniciativa será enviada al Congreso de la Unión para su discusión.

De acuerdo con la consejera jurídica, Luisa María Alcalde Luján, el proyecto busca modificar las disposiciones constitucionales relacionadas con los requisitos de nacionalidad para ocupar estos cargos. La propuesta fue revisada también por Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno y ministro en retiro de la Suprema Corte.

La reforma propuesta busca establecer nuevos requisitos de nacionalidad para presidentes y gobernadores./istock

¿Qué plantea la reforma sobre la doble nacionalidad?

Actualmente, los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución establecen requisitos de nacionalidad para la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de CDMX. Sin embargo, Alcalde señaló que existe un “vacío” y “confusiones interpretativas” sobre qué ocurre cuando una persona mexicana por nacimiento posee también otra nacionalidad.

Por ello, la iniciativa plantea que para ocupar la Presidencia se deberá ser mexicano por nacimiento, estar en pleno goce de los derechos y no tener ni adquirir otra nacionalidad. En caso de contar con una segunda nacionalidad, la persona tendría que renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata o candidato.

La misma condición se aplicaría a quienes busquen encabezar los gobiernos de los estados y la Ciudad de México. De aprobarse, las personas que aspiren a estos cargos tendrían que acreditar previamente la renuncia a cualquier otra nacionalidad.

Además, la propuesta contempla restricciones durante el ejercicio del cargo. La persona gobernante no podría adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocarla ante autoridades extranjeras mientras permanezca en funciones. También quedaría prohibido utilizar un pasaporte o documento de identidad expedido por otro Estado, ejercer derechos políticos derivados de una ciudadanía extranjera o acogerse a la protección diplomática de otro país.

La iniciativa contempla que los candidatos renuncien a otra nacionalidad antes de solicitar su registro electoral./istock

¿Qué pasaría si un presidente o gobernador incumple estas reglas?

La iniciativa establece que la contravención de estas disposiciones sería sancionada conforme al Título Cuarto de la Constitución, correspondiente a las responsabilidades de los servidores públicos.

Alcalde explicó que, en caso de aprobarse la reforma constitucional, el Gobierno de México propondría posteriormente modificaciones a la Ley de Nacionalidad para establecer el procedimiento mediante el cual una persona con doble nacionalidad pueda renunciar a una de ellas.

El proceso contemplaría acudir ante el Instituto Nacional Electoral (INE) antes de solicitar el registro como candidato y cumplir con los requisitos necesarios para acreditar formalmente la renuncia a la otra nacionalidad.

La iniciativa comenzó a perfilarse el 25 de agosto, cuando Sheinbaum planteó públicamente la posibilidad de impedir que presidentes y gobernadores tuvieran doble nacionalidad. Al día siguiente, la mandataria señaló que la medida buscaba cerrar una posible puerta al “injerencismo” extranjero.

De aprobarse la reforma, los gobernantes tampoco podrían adquirir otra nacionalidad durante el ejercicio de su cargo./istock

La discusión también ocurrió después de que Sheinbaum mencionara al exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense y cuya extradición ha sido solicitada por México a Estados Unidos.

Por ahora, la propuesta no es una norma vigente. Al tratarse de una reforma constitucional, tendrá que ser discutida y, en su caso, aprobada mediante el procedimiento establecido para modificar la Carta Magna. El Congreso deberá determinar si los cambios planteados avanzan y en qué términos.