Un tribunal que permaneció inactivo durante casi tres décadas, creado en 1996 para atender casos de deportación de alta sensibilidad relacionados con presuntos "terroristas extranjeros", el Tribunal para la Deportación de Terroristas Extranjeros (ATRC, por sus siglas en inglés) nunca había sido utilizado hasta este mes.

Incluso, durante años no contó con un sitio web para dar seguimiento a sus procedimientos. Ahora, el Gobierno de Donald Trump decidió recurrir por primera vez a este mecanismo como parte de una nueva estrategia de deportación.

¿Por qué genera controversia?

Durante casi 30 años, un grupo rotativo de jueces estuvo preparado para conocer asuntos relacionados con este tribunal, aunque ningún gobierno federal había considerado necesario utilizarlo.

El ATRC permite que el Gobierno mantenga en secreto, incluso frente a la persona que pretende deportar, gran parte de las razones y pruebas con las que sostiene que un inmigrante es terrorista, además de restringir diversas vías de impugnación disponibles en los procedimientos migratorios ordinarios. 

Primer caso bajo revisión

Debido al carácter confidencial del tribunal, se conocen pocos detalles sobre el expediente presentado por el Departamento de Justicia. Sin embargo, una orden pública emitida por la jueza que supervisa el caso revela que no quedó convencida con los argumentos iniciales del Gobierno y solicitó información adicional antes de continuar con el procedimiento.

El tribunal permite mantener bajo reserva parte de las pruebas utilizadas en los procesos / Especial

Desde su creación mediante la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva de 1996, diversos especialistas cuestionaron la constitucionalidad de los procedimientos del ATRC. El Congreso diseñó este modelo para proteger información clasificada relacionada con la seguridad nacional, pero las restricciones al acceso de pruebas han generado críticas por posibles violaciones al debido proceso garantizado por la Quinta Enmienda.

Andrew Arthur, exfuncionario del antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización del Departamento de Justicia, aseguró que “El ATRC era el último tribunal al que se habría querido recurrir”, ya que el Gobierno consideraba suficientes los mecanismos existentes para proteger información clasificada. Además, advirtió que el uso del tribunal inevitablemente provocaría impugnaciones legales que podrían llegar hasta la Corte Suprema. 

Trump apuesta por llevar los límites legales al extremo

Aunque no está claro por qué la administración decidió utilizar ahora este tribunal, especialistas consideran que el Gobierno de Trump ha mostrado una mayor disposición para explorar herramientas jurídicas poco utilizadas. Arthur incluso planteó que el caso podría involucrar “una persona respecto de la cual el Gobierno concluye que hizo algo muy grave, pero eso tan grave no es algo que pueda decirse en un tribunal abierto”.

Especialistas cuestionan la constitucionalidad de los procedimientos del ATRC / Especial

Por su parte, un portavoz del Departamento de Justicia afirmó: “Este Departamento de Justicia utilizará todas las herramientas disponibles para llevar ante la justicia a los terroristas extranjeros y expulsarlos de Estados Unidos, incluido este tribunal establecido por el Congreso en 1996”. Mientras tanto, el analista jurídico de CNN Steve Vladeck comparó el caso con Jurassic Park y advirtió: “los velociraptores están poniendo a prueba las cercas”. 

Un proceso más rápido y con menos recursos legales

La legislación establece que estos procedimientos deben realizarse “tan rápidamente como sea posible” y limita la posibilidad de solicitar asilo u otros recursos que normalmente pueden impedir una deportación. Asimismo, las apelaciones deben presentarse ante la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington dentro de los 20 días posteriores a la resolución. 

Aun así, expertos consideran que el tribunal no fue diseñado para deportaciones masivas, ya que los cinco jueces que lo integran pertenecen al poder judicial del Artículo III de la Constitución, lo que les otorga mayor independencia frente a los jueces de inmigración del poder ejecutivo. Según Vladeck, el modelo deposita una responsabilidad especial en los jueces para evaluar con mayor escepticismo las pruebas del Gobierno. 

Persisten las dudas constitucionales

Juristas sostienen que la legalidad del ATRC seguirá siendo objeto de debate, ya que el Gobierno puede presentar gran parte de sus pruebas in camera y ex parte, es decir, únicamente ante el juez y sin que la persona sometida al procedimiento tenga acceso a esa información.

El proceso limita recursos legales disponibles en los procedimientos migratorios ordinarios / Redes

Aunque la ley contempla representación legal e incluso un abogado especial para algunos residentes permanentes, la defensa también enfrenta restricciones por motivos de confidencialidad.

Además, la legislación limita el acceso a las pruebas para inmigrantes con estatus temporal o sin autorización para permanecer en Estados Unidos y establece que el presunto terrorista no puede solicitar la exclusión de pruebas obtenidas ilegalmente por el Gobierno, lo que también ha generado cuestionamientos sobre su compatibilidad con la Cuarta Enmienda. 

El caso sigue bajo análisis

La solicitud del Gobierno fue presentada en julio y es supervisada por la jueza Joan Ericksen, quien preside actualmente el ATRC. En una orden emitida el 16 de julio, la juzgadora señaló que existían vacíos en los argumentos presentados y concedió plazo al Gobierno para entregar información adicional, al considerar que “el Gobierno podría beneficiarse de la oportunidad de realizar una consideración más detenida”. Hasta la mañana del jueves, ese documento aún no aparecía en el sitio web público del tribunal.