Durante el desarrollo de la sesión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Loretta Ortiz Ahlf protagonizó un momento poco habitual. El objetivo fue sensibilizar a los presentes e ilustrar la incomunicación y desventaja diaria a la que se enfrentan las personas con discapacidad cuando el Estado no garantiza mecanismos accesibles e incluyentes en la sociedad.

Loretta Ortiz mostró su implante coclear durante la sesión de la SCJN / @lorettaortizahlf

Este gesto ocurrió mientras se discutía la importancia de consultar a las personas con discapacidad cuando una ley puede afectar directamente sus derechos. Ortiz Ahlf recurrió a su experiencia personal para explicar ante sus compañeros de la Corte las dificultades que puede representar tomar decisiones sobre discapacidad sin escuchar primero a quienes viven esa condición. La ministra es sorda de nacimiento de un oído y utiliza un implante coclear, por lo que planteó el tema desde una experiencia directa.

La experiencia de Loretta Ortiz

Argumentando desde su propia experiencia, la ministra ha explicado que cuenta con un implante coclear, un dispositivo médico electrónico que sustituye la función de su oído izquierdo. Este aparato transforma los sonidos del entorno en señales que envían información al nervio auditivo, con la intención de percibir y procesar un lenguaje como más claridad.

Ortiz explicó su experiencia como persona con discapacidad auditiva / @lorettaortizahlf

Der esta forma, Ortiz Ahlf enfatizó que las decisiones no pueden tomarse a espaldas de los colectivos que están directamente involucrados, pues garantizar la consulta es un requisito constitucional indispensable y no de mera formalidad.

“No se pueden poner en nuestros zapatos”, remarcó durante su intervención.

La SCJN discutió una ley de Tamaulipas sobre empleo para personas con discapacidad / @lorettaortizahlf

¿Qué debatió la Suprema Corte?

La discusión estuvo relacionada con una ley de Tamaulipas que contemplaba medidas para beneficiar a personas con discapacidad, pero que fue cuestionada debido a que no se realizó una consulta previa con este sector. El debate llevó al Pleno a revisar hasta dónde llega la obligación de las autoridades de escuchar a las personas afectadas antes de aprobar normas que incidan en sus derechos.

Durante la sesión, la ministra sostuvo que cuando una norma o medida tiene impacto en los derechos de las personas con discapacidad, la consulta no debe verse como un trámite secundario. La participación de este sector busca que las decisiones públicas consideren sus necesidades reales y no únicamente la visión de quienes elaboran las leyes.

“Por eso nos deben de preguntar”, precisó Ortiz.