Con 75 votos a favor por parte de Morena y aliados, y 37 en contra, el Senado de la República aprobó la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, con la cual se busca agilizar los procesos gubernamentales a través de la obligatoriedad de la Llave MX y la digitalización total de trámites.
No obstante, especialistas en ciberseguridad han manifestado su preocupación por los riesgos que representa el almacenamiento masivo de datos personales y biométricos en una sola plataforma gubernamental.
La nueva ley plantea transformar la CURP en una identificación oficial con capacidad para almacenar información sensible como huellas digitales, fotografías y escaneos de iris. Estos datos se integrarán en una base nacional a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que reemplazará a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.
“Es cierto que tener una identidad digital más moderna, segura y útil es una buena idea, el problema que tenemos es que vivimos en México, donde no contamos con un marco legal claro, instituciones sólidas y medidas estrictas de protección digital”, señaló Gonzalo Rojon, de The CIU.
Expediente ciudadano, ¿avance o amenaza?
Uno de los puntos más criticados por la oposición es la creación del llamado expediente ciudadano, que contendrá cada trámite realizado por una persona, conectando su CURP digital con múltiples bases de datos públicas. Según la senadora priista Alma Carolina Viggiano Austria, esto “centraliza facultades en una sola dependencia” y representa una “acción centralista” con alta exposición al robo de datos.
“El aspecto más negativo, el más tóxico de la Ley, es la creación de un expediente ciudadano que concentra la CURP digital, y los datos personales y biométricos de todos los ciudadanos”, advirtió Viggiano.
Además, la iniciativa contempla el uso de esta base para tareas de seguridad, búsqueda de personas y alertas en tiempo real, lo que genera preocupaciones sobre el uso indebido o político de los datos.
Costo para empresas, impacto para usuarios
La reforma también contempla una nueva versión del PANAUT (Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil), obligando a las empresas de telecomunicaciones a almacenar y compartir datos biométricos con autoridades. Gonzalo Rojon advierte que esto implicará costos elevados para los operadores, lo cual podría trasladarse al usuario final.
“Más allá de los costos, preocupa la afectación a la privacidad. El almacenamiento centralizado de datos personales plantea riesgos evidentes”, explicó.
Por su parte, Víctor Ruiz, CEO de Silikn, cuestionó las capacidades reales del gobierno para proteger esa información: “El gobierno ha evidenciado su incapacidad para resguardar los datos personales. Las secuelas de comprometer datos biométricos pueden ser irreparables, ya que sustituirlos es prácticamente imposible”.
