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En México, cumplir 18 años todavía marca una diferencia importante para miles de niñas y adolescentes que enfrentan uniones matrimoniales a edades tempranas. A pesar de los avances legales y de las estrategias implementadas por el gobierno federal, el fenómeno continúa presente, especialmente entre la población indígena.
Los microdatos censales de 2020, procesados por la CEPAL y CELADE, muestran que 3.4% de las mujeres de entre 12 y 17 años estaban unidas al momento del censo. En contraste, los matrimonios formales prácticamente no tenían presencia dentro de ese grupo de edad.
El problema tampoco se distribuye de manera uniforme en el país. Las diferencias territoriales y étnico-raciales revelan cuáles son los sectores que enfrentan una mayor exposición a estas uniones.
Las adolescentes indígenas enfrentan el mayor impacto
Uno de los datos que más destaca del análisis es la diferencia entre grupos de población.
El 19% de las adolescentes indígenas se encontraba casada o unida antes de cumplir los 18 años. La cifra contrasta con el 4.3% registrado entre adolescentes afrodescendientes y el 5.4% correspondiente a quienes no son indígenas ni afrodescendientes.
En números absolutos, el censo 2020 identificó a 174,987 niñas y adolescentes indígenas de 12 a 17 años que se reportaron alguna vez unidas/casadas. En el caso de las adolescentes afrodescendientes fueron 4,682, mientras que 65,763 correspondieron al resto de la población.
Las diferencias no pueden explicarse únicamente por factores “culturales”. El análisis relaciona la persistencia de estas uniones con desigualdades estructurales históricas, entre ellas la pobreza, la exclusión educativa, las barreras geográficas y las dificultades para acceder a servicios públicos y protección social.
Nayarit aparece entre los principales focos
En estados como Nayarit, la prevalencia de uniones entre niñas y adolescentes indígenas alcanza entre 9.0% y 19.3%. La situación también mantiene niveles elevados en Sonora, Chihuahua, Chiapas, Tabasco, Guerrero y Michoacán.
En contraste, los porcentajes son considerablemente menores en buena parte del centro del país, Tamaulipas y Ciudad de México.
Entre la población afrodescendiente, los niveles más altos se concentran en Chiapas y Quintana Roo, aunque el análisis advierte que estos resultados deben interpretarse con precaución debido al bajo número de casos absolutos registrados en el censo para este grupo.
La comparación territorial deja ver una constante: la pertenencia étnico-racial y el lugar donde viven las adolescentes están estrechamente relacionados con la posibilidad de enfrentar una unión infantil.
El matrimonio temprano también está relacionado con la maternidad
Las uniones infantiles no ocurren de manera aislada. Los datos del censo 2020 muestran una relación estrecha entre el inicio temprano de una unión y la maternidad durante la adolescencia.
Más de la mitad de las adolescentes unidas ya son madres antes de cumplir los 18 años. Entre las adolescentes solteras, en cambio, la maternidad registra una proporción de apenas 1.1%.
La situación también es especialmente delicada entre las adolescentes separadas, quienes presentan una proporción elevada de maternidad y enfrentan mayores riesgos asociados con la pobreza, la sobrecarga de cuidados y el abandono escolar.
Estos datos muestran cómo una unión a temprana edad puede desencadenar una cadena de situaciones que limita las oportunidades educativas y económicas de las adolescentes.
Cuando la unión también significa dejar la escuela
El impacto no termina en la relación de pareja. La distribución del trabajo dentro del hogar representa otra de las consecuencias asociadas con las uniones tempranas.
Entre las adolescentes que no estudian ni trabajan, el 90% de las adolescentes unidas declara dedicarse exclusivamente al trabajo no remunerado en el hogar.
La cifra refleja una marcada división sexual del trabajo y evidencia cómo las responsabilidades domésticas y de cuidados recaen sobre niñas y adolescentes que todavía se encuentran dentro de la etapa educativa.
De esta manera, las uniones infantiles, tempranas y forzadas pueden profundizar condiciones de desigualdad que ya existían antes de la unión.
El reto va más allá de cambiar las leyes
México ha registrado avances legales para combatir los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados. Además, el gobierno federal cuenta con una estrategia enfocada en 50 municipios prioritarios a nivel nacional.
Sin embargo, los datos muestran que las reformas legales por sí solas no han conseguido eliminar el fenómeno.
La persistencia de estas uniones, particularmente entre adolescentes indígenas, está vinculada con condiciones sociales y económicas que requieren respuestas más amplias: acceso a educación, servicios públicos, protección social y mecanismos efectivos para prevenir situaciones de violencia y vulnerabilidad.
El panorama que deja el análisis de los datos censales es claro: aunque la edad legal para contraer matrimonio representa una barrera importante, miles de adolescentes siguen entrando en uniones antes de cumplir los 18 años.
El desafío para México no consiste únicamente en mantener los avances jurídicos, sino en transformar las condiciones que permiten que estas uniones continúen ocurriendo.
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