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Las acusaciones sobre un presunto financiamiento del Cártel de Sinaloa a las campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador volvieron a colocarse en el centro de la discusión a partir de las declaraciones de la periodista Anabel Hernández. En su nuevo libro, Narcocracia, la escritora expone una investigación sobre los supuestos vínculos entre organizaciones criminales y actores políticos mexicanos.
De acuerdo con Hernández, el episodio que habría marcado el inicio de esos presuntos compromisos ocurrió durante la campaña presidencial de 2006. La periodista sostiene que López Obrador habría tenido un encuentro con Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, entonces integrante del Cártel de Sinaloa, en un motel de paso.
Según el testimonio que Hernández atribuye a Villarreal, durante aquella reunión el entonces candidato habría recibido una maleta con más de 500 mil dólares. A cambio, siempre de acuerdo con la versión expuesta por la periodista, habría ofrecido determinadas garantías al grupo criminal en caso de llegar a la Presidencia.
¿Qué habría prometido AMLO al Cártel de Sinaloa?
Entre los supuestos compromisos mencionados por Hernández se encuentran limitar la actuación de la DEA en México, brindar protección a integrantes del cártel y permitir que continuaran con sus actividades, siempre que redujeran sus niveles de violencia.
La periodista aseguró que, años después, preguntó a “El Grande” qué había pensado cuando López Obrador finalmente ganó las elecciones presidenciales. Según Hernández, el exintegrante del Cártel de Sinaloa respondió que estaba sorprendido por el triunfo, pero todavía más por las decisiones tomadas posteriormente desde el gobierno.
La frase que la periodista atribuye a Villarreal es que López Obrador “cumplió paso a paso las promesas que le hizo al cártel” y que, por ese motivo, habría sido “un hombre de palabra”. Hernández agregó su propia valoración y cuestionó que esa supuesta lealtad hubiera sido hacia una organización criminal y no hacia la ciudadanía.
Uno de los principales puntos que la periodista relaciona con esas acusaciones es la política del gobierno federal frente a las agencias de seguridad estadounidenses, particularmente la DEA. Desde su perspectiva, las medidas adoptadas durante el sexenio de López Obrador para limitar la operación de agentes extranjeros en territorio mexicano coincidirían con una de las presuntas promesas realizadas en 2006.
Ovidio Guzmán, “El Chapo” y Rubén Rocha Moya
Hernández también vincula con su hipótesis algunos de los episodios más polémicos ocurridos durante el gobierno de López Obrador. Entre ellos se encuentra la captura de Ovidio Guzmán López en 2019, quien fue detenido por elementos del Ejército mexicano y posteriormente liberado ante la violencia registrada en Culiacán.
Para la periodista, aquella decisión constituye otro elemento que debe analizarse dentro de los presuntos compromisos con el Cártel de Sinaloa. La investigación también menciona el encuentro que López Obrador sostuvo con María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán, durante una gira por Sinaloa en marzo de 2020.
Otro nombre incluido por Hernández es el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La periodista sostiene que el mandatario habría recibido apoyo y financiamiento del Cártel de Sinaloa durante las elecciones de 2021 y plantea que ese supuesto respaldo formaría parte de una operación más amplia para favorecer a determinados candidatos.
¿El supuesto financiamiento también habría ocurrido en 2012 y 2018?
La investigación de Hernández no se limita a la campaña presidencial de 2006. La periodista sostiene que el Cártel de Sinaloa también habría financiado las campañas de López Obrador en 2012 y 2018, aunque aclara que las fuentes de información son diferentes para cada proceso electoral.
Según su relato, el testimonio directo atribuido a “El Grande” corresponde a los acontecimientos de 2006. Para las elecciones posteriores, Hernández señala que obtuvo información de otras personas relacionadas con la organización criminal, entre ellas Dámaso López Serrano, “Mini Lic”, así como individuos que, según ella, habrían formado parte del equipo de López Obrador.
La periodista también afirmó que una investigación de la DEA, supervisada por fiscales del Distrito Sur de Nueva York, habría reunido testimonios relacionados con la llegada de dinero del Cártel de Sinaloa a la campaña de 2006. Hernández sostiene que “El Grande” habría mencionado inicialmente a López Obrador y a Genaro García Luna ante autoridades mexicanas y estadounidenses.
Posteriormente, según la versión de la periodista, Villarreal habría descrito una reunión en la que presuntamente entregó dinero al entonces candidato presidencial. Estas afirmaciones forman parte de la investigación periodística de Anabel Hernández y de los testimonios que ella atribuye a exintegrantes del Cártel de Sinaloa; no deben presentarse como hechos judicialmente comprobados.
Para Hernández, el supuesto pacto habría tenido consecuencias durante el sexenio de López Obrador. La periodista sostiene que el Cártel de Sinaloa “floreció” durante ese periodo, una conclusión que relaciona con el crecimiento de actividades vinculadas al tráfico de drogas y con la estrategia de seguridad conocida como “abrazos, no balazos”.
La autora de Narcocracia también reconoce que la relación entre gobiernos mexicanos y organizaciones criminales no habría comenzado con López Obrador, pues, desde su perspectiva, se trata de un fenómeno presente en distintas administraciones. Sin embargo, considera que durante el sexenio de López Obrador esa relación habría adquirido una dimensión distinta.
Las acusaciones expuestas por Hernández forman parte de su investigación periodística y de testimonios que atribuye a integrantes o exintegrantes del Cártel de Sinaloa. Hasta aquí, la información proporcionada no demuestra por sí misma que los presuntos acuerdos o entregas de dinero hayan ocurrido, por lo que deben distinguirse las declaraciones de la periodista de hechos acreditados mediante una resolución judicial.
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