¿Con quién se queda el perro? Lucas es el primer lomito en recibir pensión tras divorcio de sus dueños

La historia de Lucas, un husky siberiano de tres años, podría marcar un antes y un después en la manera en que la justicia mexicana aborda los conflictos relacionados con las mascotas durante un divorcio. Una jueza familiar determinó que el perro reciba una pensión alimenticia mensual de 700 pesos, además de que se cubran parte de sus gastos veterinarios, luego de la separación de sus dueños. La resolución ha llamado la atención por tratarse de un caso sin precedentes en el país y por abrir el debate sobre la protección jurídica de los animales de compañía.

La decisión surgió tras el divorcio de una pareja que mantuvo una relación durante 14 años. Aunque no tuvieron hijos, durante su matrimonio adoptaron a Lucas, quien con el paso del tiempo se convirtió en un integrante más de la familia. El perro compartía viajes, paseos y cuidados con ambos propietarios, por lo que al momento de la separación uno de los principales desacuerdos fue determinar quién asumiría su custodia y la responsabilidad económica para garantizar su bienestar.

Lucas, el primer perro en obtener una pensión 

Ante la falta de un acuerdo entre ambas partes, Blanca, una de las dueñas del husky, decidió acudir a los tribunales para solicitar que se protegieran los derechos y las necesidades básicas del animal. El caso fue asumido de manera gratuita por la abogada Bellanila Andrea Hernández Reyes, quien aceptó representarla pese a que en Tabasco no existe una legislación específica que contemple el otorgamiento de pensiones alimenticias para mascotas.

Durante el juicio, la defensa sostuvo que los animales deben ser reconocidos como “seres sintientes”, por lo que también requieren protección jurídica cuando una separación pone en riesgo su cuidado, alimentación y atención médica. Además, argumentó que las mascotas forman parte de los entornos familiares y que su bienestar no debe quedar desprotegido tras un divorcio.

El proceso legal duró casi un año

El procedimiento judicial se extendió por aproximadamente 10 meses, tiempo durante el cual se solicitó la guarda y custodia provisional de Lucas, así como una pensión que permitiera cubrir parte de los gastos derivados de su manutención.

Finalmente, la autoridad judicial resolvió que el antiguo propietario deberá aportar alrededor del 3 por ciento de su salario, cantidad que equivale a 700 pesos mensuales, además de participar en los gastos relacionados con la atención veterinaria del perro.

Aunque la alimentación del husky representa un desembolso superior a mil 500 pesos al mes, la representante legal explicó que el monto fijado por la jueza fue calculado tomando en consideración la capacidad económica del dueño y los criterios utilizados habitualmente en este tipo de procedimientos familiares.

Lucas continúa viviendo con su dueña

Tras la resolución, Lucas permanecerá bajo el cuidado de Blanca, quien continuará haciéndose cargo de su alimentación, paseos diarios y atención cotidiana. De acuerdo con la información del caso, el husky mantiene una vida activa, convive con sus vecinos y sigue siendo un perro muy querido dentro de la comunidad donde vive.

La pensión ordenada por la jueza busca contribuir a que el animal mantenga las condiciones de vida que tenía antes del divorcio, evitando que el proceso de separación afecte directamente su bienestar.

Un precedente para las mascotas en México

Especialistas y organizaciones dedicadas a la protección de los animales consideran que esta resolución representa un paso importante en el reconocimiento de los derechos de los animales de compañía dentro de los procesos familiares.

Aunque actualmente no existe una legislación específica en Tabasco que regule las pensiones alimenticias para mascotas, el fallo abre la posibilidad de que otros jueces analicen casos similares bajo el principio de que los animales son “seres sintientes” y requieren medidas que garanticen su protección cuando sus dueños deciden separarse.

Para defensores de los derechos de los animales, el caso de Lucas podría convertirse en un referente jurídico en México, al establecer que la responsabilidad de cuidar y mantener a una mascota no desaparece con el divorcio, sino que puede extenderse mediante resoluciones judiciales que prioricen el bienestar del animal.