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La justicia de Estados Unidos dio un nuevo golpe financiero contra el narcotráfico. Este lunes, el juez federal Brian M. Cogan ordenó la confiscación de 15 mil millones de dólares a Ismael "El Mayo" Zambada y, al mismo tiempo, le impuso una sentencia de cadena perpetua por delitos relacionados con el tráfico de drogas, como parte del proceso penal seguido en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.
La cifra representa la mayor confiscación económica solicitada en un caso de narcotráfico ante una corte estadounidense, al superar por 2 mil 400 millones de dólares el decomiso impuesto en 2019 contra Joaquín "El Chapo" Guzmán, también cofundador del Cártel de Sinaloa.
La medida deriva de la solicitud presentada por fiscales federales encabezados por Joseph Nocella Jr., quienes sostuvieron que el monto corresponde a las ganancias obtenidas por la organización criminal durante décadas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
La orden de confiscación fue establecida tras el acuerdo de culpabilidad firmado por Zambada, quien aceptó su responsabilidad en las operaciones del Cártel de Sinaloa y reconoció que la organización obtuvo miles de millones de dólares mediante actividades ilícitas.
Sin embargo, los 15 mil millones de dólares no corresponden a recursos localizados en cuentas bancarias, propiedades aseguradas o bienes decomisados directamente al narcotraficante. Se trata de una estimación realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre las ganancias que el grupo criminal habría obtenido durante años de operaciones.
El procedimiento permite al gobierno estadounidense reclamar bienes derivados de actividades ilícitas, aunque la recuperación efectiva de esa cantidad dependerá de investigaciones posteriores para identificar activos, cuentas bancarias, propiedades y empresas relacionadas con la estructura financiera de la organización.
Especialistas en seguridad consultados por la cadena alemana DW señalaron que recuperar una suma de esta magnitud representa un desafío, debido a que los recursos de los grupos criminales suelen dispersarse mediante prestanombres, empresas fachada y operaciones financieras en distintos países.
Como antecedente, en el caso de Joaquín "El Chapo" Guzmán también se ordenó una confiscación multimillonaria, aunque las autoridades estadounidenses nunca informaron haber recuperado la totalidad del monto fijado por el tribunal.
Los bienes que logre recuperar el gobierno de Estados Unidos ingresarán al Fondo de Bienes Confiscados del Departamento de Justicia o a mecanismos equivalentes del Departamento del Tesoro, desde donde podrán destinarse al financiamiento de investigaciones, operaciones de seguridad y programas relacionados con víctimas de delitos, conforme a la legislación vigente.
Antes de que se emitiera la resolución definitiva, integrantes de la familia LeBarón solicitaron intervenir en el procedimiento para reclamar parte de los bienes que eventualmente fueran confiscados.
Sus representantes legales argumentaron que el Cártel de Sinaloa fue designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera y buscaron aplicar la Ley de Seguro contra Riesgos Terroristas de 2002.
No obstante, el gobierno estadounidense rechazó esa petición al considerar que los solicitantes no contaban con legitimidad jurídica para participar en el proceso de confiscación, aunque el tema podría derivar en nuevos litigios en el futuro.
Con esta resolución concluye el proceso judicial contra uno de los principales líderes históricos del Cártel de Sinaloa, organización que durante décadas mantuvo operaciones de tráfico de cocaína, fentanilo, metanfetamina y otras drogas hacia Estados Unidos.
Además de la cadena perpetua, la orden económica coloca el caso de Ismael "El Mayo" Zambada entre los procedimientos de mayor impacto financiero dentro de la estrategia estadounidense contra el narcotráfico.
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