&format=webp){kind=small}
Después de una audiencia que se prolongó durante más de 30 horas, una jueza federal vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a otras siete personas por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, contrabando y diversas conductas en materia de hidrocarburos.
La determinación fue emitida por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, quien consideró que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó datos de prueba suficientes para que los acusados enfrenten un proceso penal. La vinculación no representa una sentencia de culpabilidad, sino el inicio formal de la investigación judicial en su contra.
Ernesto Ruffo permanecerá en el penal del Altiplano
Como medida cautelar, la juzgadora ordenó que Ernesto Ruffo Appel, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N” permanezcan bajo prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal del Altiplano, mientras se desarrollan las siguientes etapas del procedimiento.
En el caso de José María “N” y Guillermo “N”, la autoridad determinó que continuarán el proceso bajo prisión domiciliaria debido a sus condiciones de salud, mientras que Adriana “N” seguirá recluida en el Centro de Readaptación Social de Nezahualcóyotl Sur, en el Estado de México.
El exmandatario bajacaliforniano fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada, durante un operativo de la Fiscalía General de la República, y posteriormente trasladado al penal federal de máxima seguridad. Ruffo Appel fue gobernador de Baja California entre 1989 y 1995 y se convirtió en el primer mandatario estatal de oposición reconocido en México después de décadas de gobiernos priistas.
La defensa solicitó previamente la duplicidad del término constitucional para contar con más tiempo para analizar la acusación y presentar argumentos. Por esa razón, la audiencia inicial continuó durante varios días hasta que, la mañana de este jueves 23 de julio, la jueza resolvió vincular a proceso a los ocho imputados.
¿De qué acusan a Ernesto Ruffo Appel?
La investigación está relacionada con una presunta estructura dedicada a realizar operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de gasolina y diésel procedentes de Estados Unidos.
Según la hipótesis presentada por la Fiscalía General de la República, el esquema consistía en introducir combustible a territorio mexicano mediante declaraciones aduanales falsas o incompletas. Las empresas involucradas presuntamente reportaban cantidades mucho menores a las transportadas o declaraban los hidrocarburos como otro tipo de mercancía para evitar el pago de impuestos.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, señaló que las investigaciones permitieron detectar una estructura a la que calificó como “la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento”. La funcionaria informó que el posible perjuicio para la Hacienda Pública superaría los 4 mil millones de pesos, derivado de la introducción irregular de combustible y de la omisión de contribuciones como el IVA y el IEPS.
La Fiscalía sostiene que Ruffo Appel y otras personas tenían vínculos con empresas utilizadas dentro de esta operación. No obstante, el exgobernador ha rechazado públicamente haber participado en actividades ilícitas y su defensa tendrá la oportunidad de presentar pruebas durante el proceso.
Así habría operado la presunta red de contrabando
De acuerdo con la investigación, la operación comenzaba en refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos, donde se compraba gasolina y diésel que posteriormente era trasladado por ferrocarril hacia México. Los cargamentos ingresaban principalmente por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas. En esos puntos, las compañías presuntamente declaraban volúmenes muy inferiores a los transportados realmente.
Cada carro tanque utilizado para trasladar el combustible puede almacenar hasta 110 mil litros; sin embargo, la red habría reportado ante las autoridades aproximadamente 10 mil litros por unidad, es decir, cerca del 10 por ciento de su capacidad real.
Esta diferencia permitía que la mayor parte del hidrocarburo ingresara sin ser reportada y sin cubrir las contribuciones correspondientes. La Fiscalía también investiga la posible participación de agentes aduanales, operadores logísticos y servidores públicos que habrían facilitado el paso de los cargamentos sin una revisión adecuada.
FGR documentó miles de operaciones de importación
Como parte de las indagatorias, la FGR analizó 4 mil 238 operaciones de importación realizadas durante un periodo de seis meses. Según los datos presentados por las autoridades, los volúmenes reales de diésel habrían superado en más de diez veces las cantidades declaradas, mientras que en el caso de la gasolina regular la diferencia habría sido de más de tres veces y media.
En uno de los aseguramientos que impulsó la investigación, las autoridades localizaron millones de litros de hidrocarburo transportados en carros tanque ferroviarios. Estos cargamentos habían sido reportados ante las aduanas con cantidades inferiores a las que realmente contenían.
Los investigadores también detectaron que una empresa central presuntamente recibía los ingresos generados por la comercialización del combustible y después canalizaba el dinero hacia compañías extranjeras mediante transferencias internacionales.
Las autoridades mantienen abiertas distintas líneas de investigación para establecer el nivel de participación de cada uno de los involucrados, así como el destino de los recursos y la posible responsabilidad de funcionarios del sistema aduanero.
Autoridades buscan a más presuntos implicados
La investigación no termina con la vinculación de Ernesto Ruffo Appel y sus siete coacusados. Las autoridades federales han identificado al menos 25 objetivos relacionados con la operación, entre ellos empresarios, operadores logísticos, agentes aduanales y servidores públicos.
La Fiscalía ha advertido que podrían cumplimentarse nuevas órdenes de aprehensión conforme avance el caso y se obtengan más elementos relacionados con las importaciones de combustible desde Estados Unidos.
Uno de los detenidos junto con Ruffo Appel fue Ricardo Thompson Navarro, señalado como socio de una de las empresas investigadas. Otras personas relacionadas con las compañías involucradas permanecen bajo investigación o están pendientes de ser localizadas.
Durante el plazo de investigación complementaria, la FGR deberá fortalecer su acusación y la defensa podrá presentar pruebas a favor de los imputados. Posteriormente, un juez determinará si existen elementos para llevar el asunto a juicio.
Vinculación a proceso no significa culpabilidad
La resolución judicial permite que las autoridades continúen investigando formalmente a Ernesto Ruffo Appel y a los demás acusados, pero no establece que sean culpables de los delitos imputados.
En México, toda persona debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia firme emitida por una autoridad judicial. Será durante las siguientes etapas cuando la Fiscalía deberá demostrar su acusación y los imputados podrán ejercer su derecho a defenderse.
Por ahora, el exgobernador de Baja California continuará recluido en el penal del Altiplano debido a la medida de prisión preventiva dictada en su contra, mientras avanzan las investigaciones sobre una estructura que, de acuerdo con la FGR, habría provocado pérdidas millonarias al erario mediante el contrabando de hidrocarburos.
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)