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Cuando faltan pocas semanas para que concluya el periodo establecido para registrar las líneas de telefonía móvil en México, las autoridades enfrentan un panorama complejo. Por un lado, millones de usuarios todavía no han completado el proceso; por otro, comienza a crecer un movimiento ciudadano que cuestiona la obligación de proporcionar datos personales para conservar el servicio.
Las cifras más recientes muestran que el avance del padrón telefónico se encuentra lejos de abarcar a todos los usuarios del país. Aunque el proceso continúa abierto, todavía existen cerca de 100 millones de líneas pendientes de incorporación, una cantidad que representa uno de los mayores retos para el programa federal.
Información de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones indica que al finalizar mayo se habían registrado poco más de 52 millones de líneas móviles. El volumen restante ha llevado a especialistas a advertir sobre las dificultades operativas que implica completar el proceso dentro del calendario originalmente planteado.
La situación ha provocado que numerosos usuarios se mantengan a la expectativa sobre lo que ocurrirá después del 30 de junio, fecha que continúa vigente como límite para realizar el trámite. Hasta ahora, las autoridades responsables no han anunciado cambios oficiales en el calendario.
¿Por qué el registro celular enfrenta cada vez más resistencia?
Mientras avanza la cuenta regresiva, algunos sectores de la población han comenzado a manifestar su desacuerdo con el padrón. Entre los principales cuestionamientos se encuentran las preocupaciones relacionadas con la privacidad, el almacenamiento de información personal y la seguridad de las bases de datos que concentrarán millones de registros.
En este contexto surgió una campaña promovida por el diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez, en el estado de Chihuahua. El legislador busca reunir ciudadanos interesados en promover amparos colectivos contra la obligación de vincular una línea telefónica con datos personales.
La iniciativa fue presentada públicamente durante una reunión celebrada en la Plaza Guillermo Baca, en Parral, donde se invitó a los asistentes a integrarse a los recursos legales. De acuerdo con la información difundida por el propio legislador, la estrategia ya acumula más de 7 mil personas registradas.
La discusión ya llegó a los tribunales
La vía judicial comenzó a tomar forma incluso antes de la campaña en Chihuahua. En Aguascalientes, un ciudadano promovió uno de los primeros amparos indirectos relacionados con el registro obligatorio, argumentando posibles afectaciones a derechos vinculados con la privacidad y la protección de datos personales.
Al mismo tiempo, diversos análisis sobre percepción ciudadana reflejan que la confianza se ha convertido en un factor determinante para el éxito del programa. Datos de The Competitive Intelligence Unit señalan que siete de cada diez personas que aún no realizan el trámite mencionan la desconfianza como la principal razón para mantenerse fuera del padrón.
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