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Un mexicano acusado de participar en un presunto fraude financiero que habría afectado a miles de personas fue detenido en Texas, Estados Unidos, y posteriormente entregado a las autoridades mexicanas para enfrentar un proceso penal en Sinaloa.
Se trata de Isaac Andrey “N”, de 36 años, quien fue presentado ante un juez por el delito de fraude específico. Durante la audiencia inicial, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa formuló la imputación en su contra y solicitó su vinculación a proceso.
No obstante, la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas para preparar su estrategia jurídica, petición que fue autorizada por el juez. La continuación de la audiencia quedó programada para el próximo 6 de agosto, fecha en la que se determinará si será vinculado a proceso.
Mientras se resuelve su situación jurídica, el juzgador le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá privado de la libertad.
¿Cómo operaba el presunto fraude?
De acuerdo con las investigaciones, Isaac Andrey “N” presuntamente participó junto con otras personas en un esquema de inversiones que prometía altos rendimientos económicos para atraer inversionistas.
Según la carpeta de investigación, a las personas interesadas se les ofrecían ganancias mensuales de entre 4 y 10 por ciento mediante una supuesta plataforma de inversión. Para participar debían realizar un depósito mínimo de 100 mil pesos.
Las autoridades señalan que los rendimientos ofrecidos eran considerablemente superiores a los disponibles en el mercado financiero y que el dinero captado no era invertido, sino que presuntamente era transferido a cuentas particulares y empresas fachada.
Este tipo de mecanismo es conocido como fraude piramidal, un esquema en el que las ganancias prometidas suelen pagarse con el dinero aportado por nuevos inversionistas y no con utilidades reales, lo que provoca que el sistema termine por colapsar cuando deja de ingresar capital.
Más de 4 mil personas habrían resultado afectadas
La Fiscalía de Sinaloa informó que hasta el momento ha recibido alrededor de 900 denuncias relacionadas con este caso.
Sin embargo, las investigaciones estiman que el número total de víctimas podría superar las 4 mil personas, principalmente en municipios como Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Guasave.
El presunto esquema dejó de operar en marzo de 2023, cuando los inversionistas dejaron de recibir los pagos prometidos y comenzaron a denunciar que no podían recuperar el dinero entregado.
Así fue la captura del acusado
La localización de Isaac Andrey “N” fue resultado de un trabajo conjunto entre la Agencia del Ministerio Público, la Unidad Especializada en Aprehensiones y el Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado de Estados Unidos en Hermosillo.
Tras ser ubicado en Texas, fue detenido por agentes federales estadounidenses y posteriormente deportado a México para quedar a disposición de las autoridades de Sinaloa.
La Fiscalía sostiene que el imputado habría participado en el diseño y operación del presunto esquema fraudulento junto con otras personas, por lo que las investigaciones continúan para determinar si existen más responsables y establecer el monto total del daño patrimonial ocasionado.
¿Qué pena podría enfrentar?
La situación jurídica de Isaac Andrey “N” aún no ha sido definida y será el próximo 6 de agosto cuando un juez determine si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.
En caso de ser declarado culpable al concluir el juicio, podría recibir una condena de entre seis y diez años de prisión, conforme a lo establecido en el Código Penal del Estado de Sinaloa para los casos en que el monto del fraude supera las mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Además de la pena de prisión, la legislación contempla la imposición de una multa económica y prevé que la sanción pueda incrementarse si durante el proceso se acreditan agravantes relacionadas con el manejo indebido de recursos o el daño patrimonial ocasionado a las víctimas.
La pena definitiva dependerá de los hechos que logre acreditar el Ministerio Público, de la clasificación jurídica que finalmente reciba el caso y de la resolución que emita el órgano jurisdiccional al término del proceso.
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