El Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla volvió a colocarse en el centro de la atención pública luego de que se confirmara la renuncia de la subdirectora Operativa, Yessica López Avilés, en medio de las investigaciones por la muerte de seis mujeres privadas de la libertad ocurridas entre marzo y junio de este año. 

Aunque la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aseguró que la funcionaria dejó el cargo por motivos personales, la salida ocurre mientras diversas autoridades revisan posibles violaciones a derechos humanos y las condiciones en las que ocurrieron los fallecimientos.

Se confirmó la renuncia de la subdirectora Operativa, Yessica López Avilés / Especial

La noticia también reavivó el debate sobre el funcionamiento del sistema penitenciario de la Ciudad de México, ya que familiares de las internas, legisladores y organismos defensores de derechos humanos han solicitado esclarecer las circunstancias en las que murieron las seis mujeres, además de investigar posibles actos de corrupción, extorsión o negligencia dentro del penal ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

Renuncia subdirectora de Seguridad de Santa Martha Acatitla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que Yessica López Avilés presentó formalmente su renuncia el pasado 23 de julio, precisando que la decisión obedeció a motivos personales y no ofreció mayores detalles sobre el relevo en el cargo.

En una tarjeta informativa, la dependencia reconoció la trayectoria de la funcionaria, quien permaneció durante una década dentro del Sistema Penitenciario capitalino.

“Respecto a la información difundida en medios de comunicación relativa a la renuncia de la Subdirectora Operativa en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, Yessica López Avilés, se aclara que el pasado jueves 23 de julio, la funcionaria presentó su renuncia al cargo por motivos personales. La SSC y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario agradecen y reconocen el trabajo que realizó durante sus 10 años de servicio”, indicó en una tarjeta informativa.

Aunque la SSC insistió en que la salida corresponde a una decisión personal, la renuncia ocurre apenas unos días después de que se hicieran públicas las investigaciones relacionadas con las muertes de seis internas, por lo que distintos actores políticos consideran que ambos hechos no pueden analizarse por separado.

La diputada local del PAN, Olivia Garza, acudió ante la Fiscalía para que se investigue la muerte de las mujeres / Especial

Comisión de Derechos Humanos investiga posibles violaciones

El pasado 15 de julio, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) informó que mantiene abierta una investigación para esclarecer la muerte de las seis mujeres y determinar si existieron factores estructurales o posibles responsabilidades por parte de las autoridades penitenciarias.

El organismo explicó que las investigaciones derivan de seis quejas, cuatro presentadas por personas peticionarias y dos iniciadas de oficio, además de que realiza visitas constantes a los centros penitenciarios y mantiene comunicación permanente con personas privadas de la libertad y sus familiares.

“En relación con la muerte de seis mujeres mientras se encontraban bajo custodia en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) informa que avanza en la investigación de los casos y mantiene acciones de monitoreo para identificar y atender los factores estructurales relacionados con estos hechos en ese y otros centros de reclusión de la Ciudad de México, así como las posibles responsabilidades de las autoridades”.

Asimismo, el organismo explicó que las investigaciones siguen los procedimientos establecidos por la ley y buscan determinar si existieron omisiones o acciones que pudieran haber vulnerado los derechos de las mujeres que permanecían bajo custodia del Estado.

También se pide investigar posibles actos de corrupción y extorsión dentro del penal / Especial

Diputada exige esclarecer las seis muertes

La diputada local del PAN, Olivia Garza, ha sido una de las principales impulsoras para que el caso sea investigado a fondo. El pasado 6 de julio presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) para esclarecer los fallecimientos registrados entre el 12 de marzo y el 12 de junio de 2026, así como para determinar si existió responsabilidad de personal penitenciario.

Tras darse a conocer la salida de Yessica López Avilés, la legisladora aseguró que el relevo dentro del área de seguridad era necesario, aunque consideró que la renuncia no representa una respuesta suficiente para las familias de las víctimas.

“Fui informada de esta renuncia por el Sistema Penitenciario; la reestructura en el área de seguridad era necesaria, pero la renuncia de una persona no esclarece la muerte de seis mujeres. Lo que la sociedad espera son investigaciones serias, verdad y responsabilidades”.

Garza también ha solicitado que las autoridades transparenten los resultados de las investigaciones y determinen si existieron irregularidades en la operación del penal durante los meses en que ocurrieron los fallecimientos.

Las autoridades reportaron que las internas fallecieron de causas naturales o suicidio / Especial

¿Qué pasó con las seis mujeres?

Las seis internas fallecidas fueron identificadas como Rosa, Vanessa, Viridiana, Mónica Valeria, Diana Laura y María Elena, cuyos decesos ocurrieron entre marzo y junio de este año dentro del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades penitenciarias, las muertes fueron atribuidas a causas naturales o suicidio. Sin embargo, familiares y representantes legales han cuestionado esas versiones y han solicitado investigaciones independientes debido a denuncias relacionadas con presuntas extorsiones, corrupción y otras posibles irregularidades al interior del centro penitenciario.

Precisamente por estas circunstancias, la Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación para revisar cada uno de los casos y determinar si existen elementos que permitan establecer responsabilidades penales o administrativas.

“No puede verse como una estadística más”

En entrevista con TELEDIARIO, Olivia Garza insistió en que el Estado tiene la obligación de proteger la integridad física de todas las personas que permanecen bajo custodia, por lo que consideró indispensable que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias.

"Seis mujeres muertas en tres meses dentro de un penal no puede verse como una estadística más. No es normal, no puede normalizarse y alguien tiene que responder por lo que está pasando en Santa Martha Acatitla", indicó.

Las declaraciones de la legisladora se suman a las exigencias realizadas por organizaciones civiles y familiares de las internas, quienes han solicitado mayor transparencia en torno a las condiciones de reclusión y los protocolos de atención médica, seguridad y vigilancia dentro del penal.