¿Samuel García desvió 7 mil 200 millones de pesos? Esto reveló la ASF sobre Nuevo León

El gobierno de Samuel García, gobernador de Nuevo León, enfrenta nuevos señalamientos por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos que involucran operaciones por aproximadamente 7 mil 200 millones de pesos. La controversia surgió después de que se difundieran resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2025, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en los que se describe una posible triangulación de dinero mediante transferencias a distintas empresas.

De acuerdo con la información publicada este sábado 31 de octubre, la ASF presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) relacionada con los movimientos financieros identificados durante la fiscalización. Las operaciones señaladas incluyen pagos a constructoras, comercializadoras y otras compañías, así como transferencias posteriores hacia un despacho jurídico presuntamente vinculado con el mandatario estatal y su familia.

Uno de los movimientos que más llamó la atención corresponde a una transferencia de 5 mil 851 millones de pesos realizada por la administración de Nuevo León a una empresa constructora. Según los reportes sobre la auditoría, parte de esos recursos habría pasado posteriormente por otras compañías hasta llegar a una firma de servicios legales, situación que ahora deberá ser investigada para determinar si existieron conductas contrarias a la ley.

¿Samuel García desvió 7 mil 200 millones de pesos?

La principal acusación relacionada con el gobierno de Samuel García apunta a un presunto esquema de triangulación de recursos públicos por alrededor de 7 mil 200 millones de pesos, una cantidad que habría sido distribuida mediante distintas operaciones financieras durante su administración.

De acuerdo con los reportes de la revisión, una de las rutas identificadas comenzó con el pago de 5 mil 851 millones de pesos a una constructora, que posteriormente habría transferido 5 mil 154.6 millones de pesos a otra empresa. Esta segunda compañía, a su vez, habría enviado 385.3 millones de pesos a un despacho jurídico relacionado, según los señalamientos, con la familia del gobernador.

La investigación también contempla otras operaciones realizadas a través de comercializadoras y empresas de servicios, cuyos movimientos financieros forman parte del esquema que las autoridades buscan esclarecer.

¿Qué encontró la ASF en las transferencias del gobierno de Nuevo León?

La información difundida sobre la revisión de la Cuenta Pública 2025 describe distintas rutas de movimientos financieros que involucran a empresas proveedoras del Gobierno estatal y a terceros que habrían recibido transferencias posteriores.

Entre las operaciones señaladas destacan las siguientes:

¿Qué relación tiene un despacho jurídico con Samuel García?

Otro de los aspectos relevantes del caso es el presunto destino de una parte de los recursos identificados durante la fiscalización. Según la información difundida, diversas operaciones habrían terminado en un despacho jurídico relacionado con Samuel García y su padre, Samuel Orlando García.

Los reportes señalan que las transferencias se habrían realizado mediante empresas intermediarias, lo que dificulta identificar el destino final del dinero únicamente a partir de los pagos originales efectuados por el Gobierno estatal.

La posible relación entre contratistas públicos, empresas privadas y una firma jurídica vinculada con familiares del mandatario es uno de los puntos que deberán esclarecerse mediante las investigaciones correspondientes.

No obstante, la existencia de vínculos empresariales o familiares no demuestra por sí misma la comisión de un delito. Para establecer responsabilidades será necesario acreditar si los recursos tuvieron un origen irregular, si existieron beneficios indebidos y quiénes participaron en las operaciones.

¿Samuel García compró una propiedad de mil millones de pesos?

Además de los movimientos financieros, la información relacionada con la auditoría menciona una operación inmobiliaria por aproximadamente mil millones de pesos que estaría vinculada con el esquema investigado.

De acuerdo con los señalamientos difundidos, parte de los recursos presuntamente triangulados habría sido utilizada para la adquisición de una propiedad de alto valor. Sin embargo, todavía es necesario esclarecer la documentación de la operación, la identidad de los participantes y el origen del dinero.

Este punto resulta relevante porque podría ayudar a determinar si existió algún beneficio patrimonial derivado de los movimientos financieros observados.