Una nueva iniciativa legislativa en la Ciudad de México contempla que los estacionamientos públicos y privados reserven espacios exclusivos para embarazadas y adultos mayores, con acceso prioritario incluso para quienes no acrediten discapacidad. La propuesta busca modificar la Ley de Movilidad de la capital para eliminar la exclusión que actualmente padecen estos grupos.
¿Qué plantea la iniciativa para los estacionamientos?
La iniciativa, presentada por la diputada Ana Buendía García, propone que los estacionamientos cuenten con espacios exclusivos para mujeres gestantes y personas mayores, además de quienes ya porten distintivos oficiales por discapacidad.
También busca modificar el artículo 203 de la Ley de Movilidad en CDMX para que dichos grupos sean reconocidos como beneficiarios del acceso preferente, no solo quienes acrediten movilidad limitada.
La legisladora argumenta que la normativa actual excluye injustamente a embarazadas y adultos mayores del uso de estos espacios, ya que la ley exige demostrar discapacidad o uso de bastón, silla de ruedas o andadera.
Justificaciones y contexto social
Buendía García advierte que caminar largos trayectos o desplazarse desde zonas lejanas representa un riesgo para la salud y seguridad de estos grupos, particularmente para gestantes y mayores que tienen mayor vulnerabilidad ante caídas o fatiga.
Además, la propuesta subraya que en muchos centros comerciales o establecimientos de alta afluencia, los únicos espacios reservados son para personas con discapacidad, dejando fuera a mujeres embarazadas y personas mayores.
Las estadísticas citadas incluyen que las mujeres representan más del 50 % de la población capitalina, mientras que los adultos mayores conforman un sector en crecimiento que también requiere atención en movilidad y acceso.
Desafíos y posibles impactos
Para que la propuesta prospere, será necesario que el Congreso local discuta la reforma legal, verifique su viabilidad técnica, y defina mecanismos de supervisión para que los estacionamientos cumplan con la medida.
Se anticipan cuestionamientos sobre espacio disponible, responsabilidad operativa para los administradores de estacionamientos y el costo de implementación.
Si se aprueba, podría representar un avance en inclusión urbana y equidad de accesos para quienes hoy quedan al margen en la normativa vigente.
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