En medio de protestas ciudadanas y señalamientos de abuso de poder, la Cámara de Diputados aprobó reformas que otorgan al Gobierno federal amplias facultades de vigilancia e inteligencia. La llamada Ley Espía consiste en la creación de dos instrumentos legales: la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
Ambas normativas facultan a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Guardia Nacional para acceder a bases de datos sensibles de ciudadanos, desde registros biométricos hasta información bancaria y fiscal, bajo el argumento de generar productos de inteligencia. El dictamen fue aprobado con 444 votos a favor y ha sido enviado al Senado para su revisión.
¿Qué información puede obtener el Gobierno?
Las reformas permitirán a las autoridades solicitar, sin intermediarios, datos personales que se encuentren tanto en instituciones públicas como privadas. Esto incluye a bancos, compañías telefónicas, registros médicos, fiscales, de propiedad y telecomunicaciones. Todo esto será posible bajo control judicial, pero los críticos han alertado sobre los riesgos de abuso y vigilancia excesiva.
Además, se creará la Plataforma Central de Inteligencia, conectada con sistemas locales y federales, y se formalizará la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial. Esta estructura estará operativa dentro de los próximos seis meses y buscará centralizar toda la información recabada por distintas dependencias.
El papel de la Guardia Nacional y los estados
Una de las decisiones más controvertidas fue otorgar a la Guardia Nacional atribuciones para realizar labores de inteligencia, algo que ha sido señalado como preocupante por especialistas en derechos humanos. Por su parte, los gobiernos estatales y municipales deberán conformar "mesas de paz", diseñar estrategias de prevención del delito y profesionalizar a sus policías.
En caso de incumplimiento, el Consejo Nacional de Seguridad Pública podrá retirar el financiamiento federal destinado a seguridad y regresarlo a la Tesorería. También se exigirá que las cárceles instalen bloqueadores de señal de manera permanente.
Críticas desde la oposición
Aunque Morena, el PT y el PVEM defendieron la reforma como un paso para combatir al crimen organizado, la oposición alertó sobre su impacto en la democracia. La diputada Claudia Ruiz Massieu, de Movimiento Ciudadano, advirtió que se trata de un modelo de vigilancia sin precedentes. “Se mantiene la concentración de información en manos del Gobierno”, alertó.
En paralelo, el Senado aprobó la llamada Ley Antilavado, que permite monitorear a Personas Políticamente Expuestas sin orden judicial. Según la senadora del PRI, Anabel Ávalos, estas reformas buscan “amedrentar a quienes piensan distinto al régimen”.
Si bien las autoridades han negado que se trate de espionaje, la opinión pública ya ha bautizado a la reforma como Ley Espía, y el debate se mantendrá abierto en los próximos meses. Los retos no solo serán legales, sino también logísticos: la Plataforma Central de Inteligencia deberá estar funcionando antes de que termine 2025. Mientras tanto, ciudadanos, especialistas y legisladores seguirán vigilando que no se vulneren derechos en nombre de la seguridad.
