La regularización de los famosos autos chocolate se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2026, luego de que el Gobierno federal publicara un nuevo decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), avalado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Hacienda Édgar Amador Zamora, y el de Economía, Marcelo Ebrard.
Esta medida, según las autoridades, “reduce las brechas de desigualdad” al facilitar que más personas tengan acceso a un vehículo digno para su transporte personal o familiar.
“La medida contribuye a dar certeza jurídica a los importadores o propietarios de los vehículos usados”, señala el decreto.

¿Y qué vehículos se pueden regularizar?
El decreto permite la importación definitiva de vehículos de origen extranjero, siempre y cuando cumplan con las normas ambientales y de seguridad, y que no tengan reporte de robo o restricción en su país de origen.
También será necesario que el importador cuente con una certificación de origen, que demuestre que el vehículo fue fabricado o ensamblado en Estados Unidos, México o Canadá, en línea con las reglas del T-MEC.

¿Desde cuándo y cuántas veces ha sido modificado?
Este programa no es nuevo: se implementó originalmente en 2011, pero ha sido modificado y extendido más de diez veces. La última prórroga había quedado vigente hasta el 5 de noviembre de 2025, pero ahora se amplía un año más, hasta noviembre de 2026.
La decisión también responde a la realidad económica de la zona norte del país, donde la frontera con EU genera un flujo constante de autos usados que entran de forma irregular. Para las autoridades, “mantener condiciones favorables” en esa región fortalece la integración con América del Norte.

¿Y la industria automotriz? Arde
Como en cada extensión del programa, la industria automotriz nacional volvió a poner el grito en el cielo.
Desde hace años califican esta medida como una “ley de chatarra automotriz”, ya que, aseguran, fomenta el contrabando y afecta las ventas de autos nuevos en el país.
Aún así, el gobierno federal mantiene su postura: la prioridad es la gente y su derecho a una movilidad segura, económica y legal.





