Un total de 17 elementos de la Guardia Nacional fueron destituidos por presentar certificados de estudios falsos, documentos que utilizaron para acreditar requisitos relacionados con su permanencia en la institución y la obtención de licencias de portación de armas de fuego. La irregularidad fue detectada mediante investigaciones administrativas, según informó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que dio a conocer las sanciones el 16 de noviembre de 2026.
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El caso forma parte de una serie de procedimientos contra servidores públicos de diferentes dependencias federales, luego de que las autoridades identificaran conductas relacionadas con el uso de documentación irregular, abuso de funciones y afectaciones al patrimonio público. En el caso de la Guardia Nacional, la presentación de certificados apócrifos resulta especialmente delicada debido a que sus integrantes desempeñan funciones de seguridad y deben cumplir requisitos legales para el uso y portación de armamento.
De acuerdo con la información difundida por la dependencia, las investigaciones fueron realizadas mediante los Órganos Internos de Control y las Unidades de Responsabilidades, instancias encargadas de revisar posibles irregularidades administrativas dentro de las instituciones públicas. Como resultado de estas acciones, se anunciaron sanciones contra 82 servidores públicos, una persona particular y una empresa, además de multas que en conjunto ascienden a 175 millones 91 mil pesos.
¿Por qué destituyeron a 17 elementos de la Guardia Nacional?
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que los 17 integrantes de la Guardia Nacional fueron sancionados después de comprobarse irregularidades en los documentos académicos que presentaron para cumplir con los requisitos exigidos por la corporación.
Según el reporte, los elementos utilizaron certificados de estudios falsos con los que pretendían acreditar las condiciones necesarias para permanecer en sus puestos y tramitar la documentación relacionada con la portación de armas de fuego.
La presentación de documentos apócrifos constituye una irregularidad administrativa porque implica proporcionar información falsa a una institución pública para obtener o conservar una autorización, un beneficio o una condición laboral.
¿Cómo descubrieron los certificados de estudios falsos?
La detección de los documentos irregulares ocurrió mediante revisiones administrativas y procedimientos de verificación realizados por las instancias de control interno de las dependencias federales.
Durante estas investigaciones se analizaron los expedientes de los servidores públicos y la documentación presentada para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones laborales y administrativas.
En el caso de los integrantes de la Guardia Nacional, las autoridades identificaron inconsistencias en los certificados académicos utilizados para demostrar que reunían las condiciones exigidas por la institución.
Las revisiones permitieron establecer que los documentos presentados no eran auténticos, lo que dio origen a los procedimientos correspondientes para determinar las responsabilidades administrativas.
¿Para qué necesitaban los certificados de estudios los guardias nacionales?
Los certificados académicos forman parte de la documentación que puede exigirse a los integrantes de las instituciones de seguridad para acreditar su preparación y cumplir con determinados requisitos administrativos.
De acuerdo con el reporte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, los documentos falsos estaban relacionados con los trámites necesarios para acreditar la permanencia de los elementos y obtener la licencia de portación de armas de fuego.
Este tipo de autorizaciones requiere cumplir con las disposiciones aplicables al personal de seguridad, debido a que el manejo de armamento implica responsabilidades legales y operativas.
¿Qué otras sanciones anunció la Secretaría Anticorrupción?
La destitución de los 17 elementos de la Guardia Nacional forma parte de un conjunto más amplio de resoluciones administrativas anunciadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
De acuerdo con el balance difundido, las sanciones alcanzaron a 82 servidores públicos, una persona particular y una empresa, por distintas irregularidades identificadas en instituciones federales.
Entre las dependencias mencionadas se encuentran Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Banco del Bienestar y la Guardia Nacional.
Las conductas investigadas incluyen abuso de funciones, daños al erario público, pagos injustificados, omisiones en la defensa legal de instituciones y utilización de documentación irregular. Como resultado de los procedimientos, se aplicaron sanciones que incluyen destituciones, inhabilitaciones para ejercer cargos públicos de hasta 10 años y multas económicas.
El monto global de las multas anunciadas asciende a 175 millones 91 mil pesos, cifra que corresponde al conjunto de procedimientos y no exclusivamente al caso de los integrantes de la Guardia Nacional.
Funcionario de CFE recibe multa de 119 millones de pesos
Entre los casos destacados por la dependencia federal se encuentra el de un funcionario de la Comisión Federal de Electricidad en Morelos, quien recibió una sanción económica considerable por irregularidades relacionadas con la defensa jurídica de la empresa.
De acuerdo con la información presentada, el servidor público fue señalado por omitir la defensa legal de la CFE en cuatro juicios laborales, conducta que derivó en consecuencias económicas para la institución.
Como resultado del procedimiento administrativo, se determinó imponerle una inhabilitación de 10 años para ocupar cargos públicos y una multa de 119 millones de pesos. Esta sanción representa una parte importante del monto total anunciado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

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