Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, podrá volver a disponer de los recursos correspondientes a sus tres pensiones del IMSS, ISSSTE y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acatara una resolución judicial que protege estos ingresos. De acuerdo con las cifras difundidas sobre sus percepciones, el exmandatario podría recibir más de 1.6 millones de pesos anuales, aunque el monto exacto depende de los periodos y conceptos considerados en sus declaraciones patrimoniales.
La decisión fue informada el viernes 13 de noviembre de 2026 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), después de que la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concediera una suspensión provisional relacionada con el bloqueo de cuentas bancarias del político. El tribunal determinó que las pensiones cuentan con protección legal y que, por lo tanto, Rocha Moya debe poder acceder a las ministraciones autorizadas, pese a las restricciones financieras que enfrenta.
La medida ocurre meses después de que el exmandatario fuera señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, acusaciones que derivaron en investigaciones y en el congelamiento de sus recursos financieros en México. Sin embargo, Hacienda aclaró que la autorización únicamente comprende los pagos de sus pensiones y no representa un desbloqueo total de sus cuentas bancarias, por lo que el resto de su patrimonio continúa sujeto a las restricciones correspondientes.
¿Cuánto dinero recibe Rubén Rocha Moya por sus tres pensiones?
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la cantidad de dinero que Rubén Rocha Moya podría recibir anualmente por concepto de jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, prestaciones relacionadas con su trayectoria laboral y académica.
De acuerdo con las cifras presentadas en la información difundida sobre el caso, los pagos se distribuirían de la siguiente manera:
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS): 760 mil 313 pesos anuales.
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): 554 mil 697 pesos anuales.
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE): 290 mil 286 pesos anuales.
La suma de estas cantidades asciende a 1 millón 605 mil 296 pesos al año, lo que representaría un promedio aproximado de 133 mil 775 pesos mensuales si se distribuyera el total entre los 12 meses.
En su declaración patrimonial actualizada en mayo de 2026 se reportaron 760 mil 313 pesos por la UAS y 554 mil 697 pesos por el IMSS, mientras que el pago del ISSSTE no quedó desglosado en esa actualización.
¿Por qué la UIF permitió que Rubén Rocha Moya volviera a cobrar sus pensiones?
El acceso a estos recursos fue posible gracias al principio de inembargabilidad de las pensiones, una protección jurídica que busca garantizar que determinados ingresos destinados al retiro y al sustento de las personas no sean afectados de manera indiscriminada por medidas de restricción patrimonial.
En este caso, la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA concedió una suspensión provisional dentro de un procedimiento promovido por el propio Rocha Moya, quien impugnó las restricciones financieras impuestas sobre sus cuentas.
La resolución establece que el político puede disponer de las ministraciones futuras provenientes del ISSSTE, IMSS y la Universidad Autónoma de Sinaloa, debido a la naturaleza de estos ingresos.
La UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda, cumplió con la determinación judicial y permitió el acceso a las cuentas utilizadas para recibir las prestaciones autorizadas.
Esto significa que Rocha Moya podrá utilizar los recursos de sus pensiones, pero no tendrá libre disposición del resto de su dinero, ya que las restricciones financieras relacionadas con la investigación permanecen vigentes.
¿Qué cuentas de Rubén Rocha Moya siguen bloqueadas?
Aunque la decisión judicial permite al gobernador con licencia recuperar el acceso a parte de sus ingresos, el bloqueo financiero no ha sido eliminado en su totalidad.
De acuerdo con los reportes sobre el cumplimiento de la resolución, la autorización comprende dos cuentas bancarias utilizadas para recibir tres pensiones. En una de ellas se depositan las prestaciones relacionadas con el IMSS y el ISSSTE, mientras que la otra corresponde a la jubilación que recibe por su trayectoria en la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Sin embargo, cualquier recurso distinto de los pagos autorizados continúa sujeto a las restricciones impuestas por la UIF. Por lo tanto, la medida no significa que Rocha Moya haya recuperado el control de todo su patrimonio ni que hayan concluido las investigaciones relacionadas con su situación financiera.
La Secretaría de Hacienda sostuvo que su actuación responde al cumplimiento de las resoluciones judiciales y al respeto del debido proceso, sin dejar de aplicar las medidas destinadas a prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
¿Cuánto ganaba Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa?
Antes de separarse temporalmente de sus funciones, Rubén Rocha Moya percibía una remuneración por su cargo como gobernador de Sinaloa, puesto que asumió en 2021. Según las cifras patrimoniales difundidas, el ingreso anual reportado por salario y prestaciones como mandatario estatal ascendía a 797 mil 014 pesos.
Esta cantidad resulta inferior a la suma estimada de sus tres pensiones, que, con los montos señalados en la información del caso, superaría 1.6 millones de pesos anuales.
La diferencia ha generado interés porque los ingresos por jubilación, cesantía y viudez representarían una cantidad considerablemente mayor que la remuneración reportada por su cargo público.
No obstante, es importante distinguir que el salario como gobernador y las pensiones corresponden a conceptos diferentes, por lo que su comparación no implica que se trate de pagos provenientes de una misma fuente o que las prestaciones hayan sido otorgadas por ocupar la gubernatura.
¿Por qué Estados Unidos acusa a Rubén Rocha Moya de vínculos con el Cártel de Sinaloa?
El bloqueo de los recursos financieros del político tiene como antecedente las acusaciones presentadas el 29 de abril de 2026 por autoridades federales de Estados Unidos, que señalaron a Rocha Moya y a otras nueve personas por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y las armas.
De acuerdo con la acusación presentada ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, el entonces gobernador habría mantenido vínculos con integrantes de Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa, para presuntamente facilitar actividades de tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
Los fiscales estadounidenses sostienen que el político habría recibido apoyo durante su campaña por la gubernatura en 2021, incluyendo supuestas acciones de intimidación contra adversarios políticos, a cambio de brindar protección a las operaciones de la organización criminal.
La acusación también plantea que Rocha Moya habría aceptado favorecer el nombramiento de funcionarios cercanos al grupo y facilitar su influencia sobre determinadas corporaciones de seguridad.
Rocha Moya ha rechazado las imputaciones en su contra y ha sostenido que carecen de fundamento. Por su parte, las autoridades estadounidenses han señalado que los acusados mantienen la presunción de inocencia mientras no se demuestre su responsabilidad ante un tribunal.
¿Qué delitos le imputan a Rubén Rocha Moya en Estados Unidos?
La acusación estadounidense contempla tres cargos principales relacionados con presuntas actividades de narcotráfico y armamento. El primero corresponde a una supuesta conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos, entre ellos fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.
Los otros dos cargos están relacionados con la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como con una presunta conspiración para poseer ese tipo de armamento en el contexto de las actividades investigadas.
Según la información del caso, las imputaciones podrían implicar una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y hasta cadena perpetua, en caso de que los delitos fueran acreditados y existiera una sentencia condenatoria conforme a la legislación estadounidense.
En México, la Fiscalía General de la República (FGR) también inició investigaciones relacionadas con las personas señaladas por las autoridades estadounidenses. No obstante, hasta la información disponible sobre el caso, no se ha dado a conocer una resolución definitiva que establezca responsabilidad penal del exmandatario.

&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)
&format=webp)