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Morena propuso regular de manera más estricta el cabildeo en el Congreso de la Unión y establecer multas de hasta 586 mil pesos para quienes ofrezcan dádivas, dinero o beneficios a legisladores a cambio de sus votos. La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados por el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal Ávila, y plantea nuevas obligaciones tanto para quienes realizan labores de cabildeo como para diputados y senadores.
La propuesta surge en medio de la discusión sobre la influencia que empresas y grupos de interés pueden ejercer sobre las decisiones legislativas. De acuerdo con el planteamiento presentado por Monreal, una regulación más detallada permitiría conocer quiénes realizan cabildeo, a qué intereses representan, qué propuestas presentan y qué cambios buscan impulsar en las leyes.
¿Qué propone Morena para regular a los cabilderos?
Uno de los principales puntos de la iniciativa es formalizar mediante la ley un padrón de cabilderos. Quienes realicen esta actividad tendrían que presentar informes trimestrales sobre sus labores, entregar documentos que respalden sus propuestas, identificar los intereses que representan e informar los ingresos que reciben por su trabajo.
La propuesta también plantea que las actividades de mediación realizadas durante el proceso legislativo queden registradas. Para ello, los informes correspondientes podrían incorporarse como anexos de los dictámenes aprobados en comisiones, junto con las sugerencias y consideraciones que hayan sido tomadas en cuenta para modificar el contenido final de una iniciativa.
El objetivo planteado es aumentar la transparencia sobre la relación entre legisladores y grupos de interés. Actualmente, los reglamentos de las dos cámaras ya contemplan disposiciones generales sobre el cabildeo y cuentan con un registro público de quienes realizan esta actividad, pero la iniciativa considera necesario ampliar las obligaciones y mecanismos de seguimiento.
¿Cuánto podrían pagar quienes intenten comprar votos?
La propuesta contempla sanciones económicas para quienes ofrezcan dádivas o pagos a legisladores a cambio de sus votos. De acuerdo con la información publicada sobre la iniciativa, las multas planteadas irían de aproximadamente 117 mil a 586 mil pesos, dependiendo de la conducta sancionada.
Además, la iniciativa establece que diputados y senadores tendrían la obligación de abstenerse de recibir cualquier tipo de beneficio proveniente de personas que realicen actividades de cabildeo. La prohibición abarcaría pagos en efectivo, bienes u otro tipo de ventajas.
El proyecto también propone limitar las actividades de exdiputados federales y exfuncionarios públicos. Durante el primer año después de terminar su función, no podrían realizar labores de mediación relacionadas con el cabildeo. La restricción se extendería, bajo los términos planteados, a sus cónyuges y familiares por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado.
Netflix, Amazon y otras empresas aparecen en el debate
Al presentar la iniciativa, Ricardo Monreal relató que 12 empresas, entre ellas Netflix y Amazon, se acercaron a él para solicitar modificaciones a otra propuesta legislativa relacionada con los precios ocultos y posibles abusos contra usuarios de plataformas. Según el coordinador morenista, las compañías también enviaron cartas a otros coordinadores parlamentarios para expresar su oposición a esa reforma.
Monreal utilizó ese episodio como ejemplo de la influencia que, según su planteamiento, pueden ejercer los despachos y representantes de grandes empresas en el proceso legislativo. La iniciativa también menciona riesgos asociados con una regulación insuficiente, como cohecho, uso indebido de información, abuso de funciones, conflictos de interés y tráfico de influencias. Estas son consideraciones expuestas en el proyecto, no conductas atribuidas de manera general a todos los cabilderos.
La propuesta también señala la participación de grupos de interés en discusiones relacionadas con el paquete económico, entre ellas las modificaciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a productos como tabaco, refrescos, bebidas alcohólicas y comida chatarra. El planteamiento sostiene que una mayor transparencia permitiría identificar con mayor claridad la intervención de estos actores.
La iniciativa fue enviada al proceso legislativo para su análisis. Monreal solicitó que fuera turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, mientras que el coordinador del PAN, Elías Lixa, pidió que también fuera enviada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, debido a que involucra aspectos del funcionamiento interno de la Cámara. La Mesa Directiva indicó que el turno definitivo se precisaría posteriormente.
Por ahora, se trata de una iniciativa y no de una ley vigente. Su contenido todavía debe ser analizado por las comisiones correspondientes y, en caso de avanzar, continuar con las etapas del proceso legislativo antes de convertirse en una disposición aplicable.
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