La justicia de Florida, Estados Unidos, ordenó el arresto de Raúl Castro, expresidente de Cuba, por su presunta responsabilidad en la muerte de cuatro personas durante un ataque contra dos avionetas civiles ocurrido hace tres décadas. El exmandatario, de 95 años, enfrenta un cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado, luego de que las autoridades estatales retomaran una investigación relacionada con una operación militar realizada en 1996.
El anuncio fue realizado este lunes 19 de octubre de 2026 por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien confirmó que la orden judicial fue obtenida mediante las investigaciones de la Oficina de la Fiscalía Estatal (OSP) y el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE). La medida fue autorizada por la jueza Ariana Fajardo Orshan, del Undécimo Circuito Judicial, sin conceder derecho a fianza.
La decisión abre un nuevo frente legal contra el exgobernante cubano, quien también enfrenta acusaciones federales en Estados Unidos desde mayo de 2026. El procedimiento estatal había sido reactivado en 2025 por instrucciones de Uthmeier, con la finalidad de determinar si existían elementos suficientes para responsabilizar a Castro por las decisiones militares que provocaron la destrucción de dos aeronaves de la organización Hermanos al Rescate.
¿Por qué Estados Unidos ordenó arrestar a Raúl Castro?
El expediente está relacionado con un ataque ocurrido el 24 de febrero de 1996, cuando integrantes de Hermanos al Rescate (Brothers to the Rescue) realizaban vuelos de apoyo humanitario para localizar a personas que intentaban salir de Cuba por mar. Aquella jornada, tres avionetas Cessna despegaron del aeropuerto de Opa-Locka, ubicado en el condado de Miami-Dade, con destino a una zona cercana a la isla.
Durante el recorrido, aviones militares MiG de Cuba lanzaron misiles contra dos de las aeronaves, provocando su destrucción y la muerte de los cuatro tripulantes. Según la investigación estadounidense, las avionetas estaban desarmadas, volaban sobre aguas internacionales y se encontraban fuera del espacio territorial cubano cuando fueron atacadas.
Las víctimas fueron Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr., quienes participaban en las actividades de la organización humanitaria con sede en Miami. El derribo provocó un conflicto diplomático entre ambos países y dio origen a investigaciones sobre la actuación de las Fuerzas Armadas cubanas y de presuntos agentes de inteligencia que operaban en territorio estadounidense.
En aquel momento, Raúl Castro era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y primer vicepresidente de Cuba, cargos que, según los fiscales de Florida, le daban participación en las decisiones de la cadena de mando militar. La acusación sostiene que el entonces funcionario habría autorizado el ataque e instruido a mandos superiores para derribar las aeronaves cuando fueran detectadas.
“Raúl Castro ordenó el asesinato a sangre fría de cuatro residentes de Florida”, declaró el fiscal general James Uthmeier, al señalar que las autoridades estadounidenses mantendrán las acciones legales para establecer responsabilidades por la muerte de los integrantes de Hermanos al Rescate.
Espías cubanos habrían proporcionado información para el ataque
Las investigaciones también señalan la presunta participación de la Red Avispa, una estructura de inteligencia cubana que mantenía operaciones en Florida. De acuerdo con el expediente, algunos de sus integrantes lograron infiltrarse en Hermanos al Rescate para conocer las actividades de la organización y obtener información sobre sus vuelos.
Las autoridades consideran que los datos recopilados, entre ellos rutas y horarios, habrían sido enviados a La Habana para facilitar una operación conocida como Operación Escorpión. Parte de estas actividades se desarrollaron presuntamente en los condados de Miami-Dade y Monroe, lo que permitió a los fiscales estatales argumentar que existían elementos de la conspiración dentro de su jurisdicción.
El nuevo procedimiento se suma a una acusación anunciada el 20 de mayo de 2026 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que involucró a Raúl Castro y otros cinco presuntos responsables del derribo. En el ámbito federal, los señalamientos incluyen conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y asesinato.
La Fiscalía de Florida indicó que la orden contempla un cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado, considerado un delito grave conforme a las leyes estatales. Sin embargo, la autorización judicial no implica que el exmandatario haya sido declarado culpable, pues las acusaciones deberán ser examinadas durante los procedimientos correspondientes.
Aunque ya existe una orden de captura contra Raúl Castro, las autoridades no han informado que haya sido detenido. Su eventual comparecencia ante un tribunal de Estados Unidos dependerá de que pueda ser puesto bajo la jurisdicción de ese país, mientras continúan las acciones legales relacionadas con el expediente.

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