¿Te robaron menos de 5 mil 865 pesos? CDMX propone recuperar tu dinero sin ir al MP

Las personas que sean víctimas de un robo menor en la Ciudad de México podrían tener una nueva alternativa para recuperar sus pertenencias o recibir una compensación económica sin necesidad de iniciar directamente un procedimiento ante el Ministerio Público. El Gobierno capitalino presentó una iniciativa para reformar la Ley de Cultura Cívica, con la intención de resolver determinados conflictos mediante acuerdos de reparación del daño y procedimientos más rápidos.

La propuesta, impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, contempla que algunos robos sin violencia y daños materiales cuyo valor no supere las 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 5 mil 865.50 pesos en 2026, puedan atenderse mediante mecanismos de justicia cívica. Sin embargo, la medida tendría condiciones específicas y no aplicaría automáticamente a cualquier persona que denuncie un robo por debajo de esa cantidad.

El proyecto fue presentado públicamente el 19 de octubre de 2026, después de más de un año de trabajo en el Gabinete de Construcción de Paz. Su objetivo es ofrecer soluciones más rápidas a las víctimas, prevenir conflictos y permitir que las fiscalías concentren mayores recursos en la investigación de delitos graves. La reforma todavía requiere aprobación legislativa, por lo que los nuevos procedimientos no deben considerarse vigentes.

¿En qué casos podrías recuperar tu dinero sin acudir al Ministerio Público?

La iniciativa establece que determinados asuntos de bajo impacto económico puedan resolverse ante un juzgado cívico, siempre que cumplan con los requisitos previstos en la propuesta. Uno de los principales criterios será que el valor de los bienes robados o de los daños ocasionados no exceda las 50 UMA, además de que no existan circunstancias que obliguen a investigar el caso por la vía penal.

En los supuestos de robo, la propuesta contempla las siguientes condiciones:

• Monto máximo: El valor de los bienes no deberá superar los 5 mil 865.50 pesos, tomando como referencia la UMA de 2026.
  

• Sin violencia: El robo no deberá haberse cometido mediante violencia física o moral.
  

• Sin reincidencia: Deberá tratarse de una primera conducta, conforme a los requisitos de la iniciativa.
  

• Consentimiento de la víctima: La persona afectada tendrá que aceptar expresamente la atención por la vía cívica.
  

• Sin intervención previa del MP: El asunto no deberá haber sido conocido previamente por el Ministerio Público para acceder a este mecanismo específico.

La intención es que las autoridades puedan facilitar la devolución de los bienes o establecer una reparación económica o material, evitando que todos los conflictos de menor gravedad deban seguir inicialmente un procedimiento penal.

¿Será obligatorio acudir a un juzgado cívico si te roban menos de 5 mil 865 pesos?

Una de las principales aclaraciones del Gobierno capitalino es que las víctimas no perderán su derecho a presentar una denuncia ante el Ministerio Público. La reforma busca ofrecer una alternativa adicional para ciertos casos, pero no eliminar la posibilidad de solicitar una investigación penal.

Esto significa que, si una persona sufre un robo que cumple con los requisitos de la iniciativa, podría decidir si acepta un procedimiento de justicia cívica o si prefiere acudir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Durante la presentación de la reforma, Clara Brugada explicó que el objetivo es modificar la manera en que se atienden los conflictos cotidianos, dando mayor importancia a la reparación del daño y a la prevención de nuevas conductas.

“No se trata entonces de castigar menos, sino de resolver mejor”, expresó la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

La mandataria también reiteró que la iniciativa no pretende impedir que las personas afectadas denuncien penalmente los robos menores. La posibilidad de elegir entre ambas vías es uno de los puntos centrales del proyecto.

¿Cómo funcionarían los nuevos juicios orales en los juzgados cívicos?

Otro de los cambios importantes de la iniciativa es la implementación de audiencias públicas orales, mediante las cuales una jueza o juez cívico escucharía a las personas involucradas antes de determinar las medidas correspondientes.

Con este mecanismo, el Gobierno de la Ciudad de México busca sustituir parte de los procedimientos administrativos tradicionales por un modelo que permita analizar cada situación de manera individual, en lugar de recurrir únicamente a multas o arrestos.

Cuando exista una detención en flagrancia, la autoridad deberá revisar su legalidad y determinar si la conducta corresponde a una infracción que puede atenderse por esta vía. También se contemplan audiencias sin personas detenidas, especialmente en conflictos comunitarios donde sea posible alcanzar acuerdos mediante mediación.

La fiscal general de Justicia capitalina, Bertha Alcalde Luján, explicó que el nuevo esquema pretende facilitar la restitución de bienes y la reparación del daño, además de evitar que situaciones de menor gravedad se conviertan en procedimientos penales innecesariamente prolongados.

Entre las posibles medidas se encuentran la reparación económica, la devolución de bienes, el trabajo comunitario y las sanciones administrativas, dependiendo de las características de cada asunto.

¿Qué otros conflictos podrán resolverse mediante justicia cívica?

La reforma no se limita a los robos de bajo monto. También contempla la atención de determinadas conductas que afectan la convivencia entre vecinos, familias y personas que comparten espacios públicos.

Entre los asuntos considerados se encuentran ciertos daños a viviendas, afectaciones a bienes muebles e inmuebles, conflictos vecinales, riñas y conductas relacionadas con la ocupación o el uso indebido del espacio público.

Por ejemplo, determinados desperfectos ocasionados a una propiedad podrían atenderse mediante acuerdos para reparar el daño, siempre que el caso cumpla con los requisitos legales y no se trate de una conducta que deba investigarse penalmente.

La propuesta también busca mejorar la atención de situaciones relacionadas con cobros impuestos por servicios no solicitados en la vía pública, una problemática asociada con algunos casos de franeleros, así como otras conductas que generan conflictos comunitarios.

Sin embargo, no todos los pleitos familiares o vecinales podrán resolverse mediante mediación. Los casos que impliquen delitos, violencia grave u otras circunstancias que requieran protección especial deberán atenderse mediante las autoridades y procedimientos correspondientes.

¿Qué son los Calpullis de Paz y dónde estarán ubicados?

Como parte de la iniciativa, el Gobierno capitalino plantea crear Centros de Gestión de Conflictos Sociales y Comunitarios, conocidos como Calpullis de Paz, donde las personas podrán recibir orientación y participar en procedimientos de mediación.

Estos espacios podrían instalarse en las Utopías, los PILARES y otros centros comunitarios, con la intención de acercar los servicios de justicia a las colonias y evitar que todos los asuntos tengan que atenderse en instalaciones judiciales tradicionales.

El proyecto contempla inicialmente cinco centros de este tipo, además de jornadas itinerantes en las que personal especializado y autoridades cívicas acudirían directamente a las comunidades para atender conflictos.

La propuesta también incluye la participación de agentes psicosociales restaurativos, quienes evaluarían factores de riesgo relacionados con determinadas conductas, como problemas emocionales, adicciones o situaciones de vulnerabilidad.

A partir de esas evaluaciones, las autoridades podrían canalizar a las personas a servicios psicológicos, programas educativos, tratamientos contra adicciones o actividades comunitarias, buscando prevenir la reincidencia.