El Instituto Nacional Electoral (INE) dio un paso histórico en el reconocimiento de derechos: ahora, las personas privadas de la libertad podrán obtener su credencial de elector. La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), cumple con la sentencia SUP-REC-342/2023 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó garantizar el acceso a este documento como identificación oficial y, en ciertos casos, también como herramienta para ejercer el voto.
¿Quiénes podrán votar y quiénes solo tendrán identificación?
De acuerdo con los lineamientos:
Personas en prisión preventiva (PPP): podrán tramitar la Credencial para Votar con plenos efectos, lo que les permitirá ejercer sus derechos político-electorales como cualquier ciudadano.
Personas sentenciadas (PS): obtendrán una Credencial solo para identificación, pues la Constitución establece que sus derechos político-electorales están suspendidos mientras cumplen condena. Una vez en libertad, podrán solicitar la reactivación de sus derechos.
¿Cómo será el trámite para obtener la credencial?
Los trámites de inscripción o actualización al Padrón Electoral se procesarán en el Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECYRD).
El centro verificará la identidad y confirmará si la persona solicitante tiene suspendidos sus derechos político-electorales.
Cuando un trámite no cumpla con los requisitos, será rechazado y se notificará a la persona con las razones.
¿Cómo se entregarán las credenciales?
El INE entregará las credenciales de manera personal y directa en los centros penitenciarios, a través de Módulos de Atención Ciudadana itinerantes.
Cada entrega se hará con acreditación de identidad y quedará constancia digitalizada en el sistema de la DERFE.
Las personas podrán pedir que el INE resguarde su credencial hasta por 10 años, plazo máximo de vigencia.
Si no se reclama en ese periodo, el documento será destruido, notificando tanto al titular como al centro penitenciario.
En caso de liberación, será posible solicitar una reimpresión o un nuevo trámite en cualquier módulo del INE.
Se espera que esta medida colabore con la reinserción social, al facilitar su identificación formal y evitar la exclusión legal.
