Por primera vez en casi un siglo, 55 mexicanos fueron entregados a autoridades de Estados Unidos sin pasar por un proceso de extradición, una decisión que, según especialistas, representa una grave violación a derechos humanos y al marco legal nacional e internacional.
De acuerdo con información oficial, los traslados ocurrieron en dos momentos: 29 personas el 27 de febrero y otras 26 el 12 de agosto de 2025. Las comunicaciones entre ambos gobiernos catalogaron los movimientos como “transferencias” o “entregas”, e incluso en algunos documentos se utilizó la palabra “deportaciones”, una figura legal que no aplica para ciudadanos mexicanos.
Sin sentencia y con recursos ganados…
La mayoría de las personas trasladadas no habían sido sentenciadas y algunas incluso tenían resoluciones judiciales favorables en México. A pesar de ello, fueron entregadas al gobierno de EU sin control judicial, sin respetar tratados internacionales ni el artículo constitucional que prohíbe expulsar a mexicanos de su país.
Las autoridades federales confirmaron los hechos pero no han ofrecido una explicación detallada. Expertos en derecho aseguran que este acto no solo es una omisión o error procesal, sino una “grave violación al debido proceso, al derecho a la defensa y a la garantía constitucional de no ser expulsado del propio país”.
“Los derechos humanos no son negociables”… ¿y entonces?
Durante sus conferencias matutinas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha afirmado que “los derechos humanos no son negociables, y deben ser respetados incluso por aquellos que han cometido delitos graves”. Sin embargo, la realidad contrasta con ese discurso, según analistas de seguridad.
“La reiterada apelación del discurso oficial a la universalidad de los derechos humanos se desmorona frente a los hechos”, señalaron especialistas. El envío masivo de ciudadanos mexicanos al extranjero, sin proceso formal, contradice el discurso presidencial y lo vacía de contenido, añadieron.
