El Senado avaló en lo general y lo particular una reforma a la Ley de Amparo, con 76 votos a favor y 39 en contra. Morena y sus aliados argumentan que la intención es “modernizar” la figura, agilizar procesos y evitar abusos, sobre todo en materia fiscal. Entre los cambios más importantes destacan: plazos de hasta 90 días para dictar resoluciones, digitalización de juicios y la redefinición del interés legítimo, que ahora puede ser individual o colectivo.
¿Qué es el amparo?
El juicio de amparo es una de las herramientas jurídicas más importantes en México. Desde su creación en el siglo XIX, ha servido como un escudo ciudadano contra abusos de autoridad, permitiendo que cualquier persona impugne actos que violen sus derechos constitucionales. Gracias a esta figura, se han detenido desde expropiaciones arbitrarias hasta decisiones administrativas ilegales.
Pros de la Ley de Amparo
Entre los beneficios señalados por sus impulsores está el hecho de que se busca evitar que el amparo se utilice como una “herramienta dilatoria” para frenar investigaciones fiscales, congelamientos de cuentas o sanciones relacionadas con lavado de dinero, terrorismo o deudas públicas. Además, la digitalización promete hacer más rápidos los procesos, reducir costos y ampliar el acceso a la justicia.
Contras y críticas
La oposición la ha bautizado como la “Ley del Desamparo”, al considerar que limita derechos fundamentales. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advierten que la reforma reduce la posibilidad de obtener suspensiones en casos colectivos —por ejemplo, en asuntos ambientales— y blinda a la autoridad frente a reclamos ciudadanos. También cuestionan que la aprobación se dio de manera apresurada y sin escuchar a organizaciones civiles.
El polémico artículo transitorio
El punto más polémico de la reforma es un artículo transitorio que establece que las nuevas reglas serán retroactivas, es decir, aplicarán no solo para casos futuros, sino también para amparos en curso. Para juristas y legisladores opositores, esto es inconstitucional y abrirá una nueva ola de juicios. Morena, en cambio, sostiene que es necesario para evitar que se mantengan amparos que “abusan del sistema” y afectan las finanzas públicas.
¿Qué sigue?
Tras la aprobación en el Senado, la reforma deberá pasar a la Cámara de Diputados. Mientras tanto, colectivos de abogados y defensores de derechos humanos ya anticipan que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia para intentar frenar su aplicación. En palabras de la oposición, se trata de una reforma que “pone en jaque la última defensa del ciudadano común” frente al poder del Estado.
