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La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional en materia de nacionalidad única que establece nuevos requisitos para quienes aspiren a ocupar la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El dictamen modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y plantea que las personas que busquen alguno de estos cargos no tengan otra nacionalidad además de la mexicana.
La votación se realizó después de una sesión que se extendió durante varias horas, en lo particular, fue aprobado con 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención.
¿Qué propone la reforma sobre la doble nacionalidad?
El dictamen establece que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de solicitar su registro como candidatos.
La propuesta también señala que, durante el ejercicio del cargo, la persona no podrá adquirir o solicitar una nacionalidad distinta de la mexicana, ni invocarla ante autoridades extranjeras.
Entre las restricciones contempladas también se encuentra el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro Estado, así como el ejercicio de derechos políticos derivados de una ciudadanía extranjera o acogerse a la protección diplomática de otro país.
Sin embargo, la reforma no elimina la doble nacionalidad para los mexicanos en general. De acuerdo con la explicación presentada ante la Cámara de Diputados, la restricción se limita a quienes busquen ocupar los cargos ejecutivos señalados.
¿A qué cargos aplicaría la nueva regla?
La modificación constitucional contempla tres tipos de cargos:
Presidencia de la República.
Gubernaturas de las entidades federativas.
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La medida no se aplicaría a las candidaturas al Congreso de la Unión ni a las legislaturas locales, de acuerdo con lo expuesto durante la discusión parlamentaria.
El régimen transitorio establece que, en caso de completar el proceso legislativo, las nuevas disposiciones serían aplicables a partir del proceso electoral de 2028.
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