Sería insensato de mi parte cambiar de postura solo para complacer a los aficionados o a un sector de la prensa que romantiza el tema del ascenso y descenso. Ratifico que, si bien existe una enorme dosis de razón en el argumento de que este sistema deportivo debería existir, los antecedentes históricos demuestran la inestabilidad que ha marcado a la división de plata a lo largo de los años.

​No estoy en contra de una iniciativa que respalde la meritocracia deportiva, pero sí me opongo a que políticos que desconocen la industria del futbol y la estructura de una categoría plagada de tropiezos intenten legislar al respecto. Basta con revisar cuántos cambios de sede y desapariciones de franquicias se han registrado en el circuito de plata durante las últimas décadas.

Sé de primera mano que en la FMF se observa con lupa el avance de una eventual reforma legal en México. Sus implicaciones son de pronóstico reservado: los estatutos de la FIFA prohíben de manera tajante la injerencia gubernamental en las federaciones asociadas. Si el Estado impone una ordenanza ajena a los órganos administrativos del futbol, el castigo caería directamente sobre la FMF, con la posible exclusión del Tri y de los 18 clubes de la Liga MX de torneos internacionales. Dudo que los legisladores dimensionen el costo de colgarse de una bandera popular para ganar simpatías políticas.

En los pasillos de la FMF y de la Liga MX existe la firme convicción de que estamos frente a un movimiento político orquestado. De hecho, consideran que los argumentos sobre presuntas prácticas monopólicas difícilmente se sostienen en el plano legal tratándose de la estructura del ascenso y descenso. Por ello, desde las oficinas de Toluca monitorean cada movimiento y analizan todas las opciones jurídicas para defender su condición de asociación civil privada e independiente.

El camino legislativo aún es largo: la iniciativa debe dictaminarse en comisiones del Senado, votarse en el pleno y, de ser aprobada, turnarse a la Cámara de Diputados para repetir el proceso. Las estadísticas legislativas recuerdan que apenas un 5% de las iniciativas presentadas logran convertirse en ley.

Dejo en claro que, con rigor periodístico, he reportado todas las posturas sin tomar partido por nadie; sin embargo, mi análisis parte de la realidad de ambas partes. Es positivo exigir mérito deportivo y es legítima la inquietud de aquellos clubes que sí cuentan con la infraestructura para competir en el máximo circuito, pero también es indispensable ver el retrovisor: en el plano financiero e institucional, la gran mayoría de las franquicias de la división inferior dista de estar lista para sostenerse en Primera División. No debemos confundir la legitimidad de una causa con la viabilidad económica, aun cuando existan clubes en la máxima categoría que arrastren méritos más cercanos a la Liga de Expansión.

​Los casos de la India en 2022 y de Chad entre 2021 y 2023 demostraron que la FIFA no titubea en suspender a federaciones nacionales cuando los gobiernos intervienen en sus decisiones internas. Por ello, habrá que seguir con extrema atención lo que suceda en las próximas semanas en el Congreso mexicano.